Esta semana Joseba Arregi Erostarbe ha vuelto a prisión tras revocarle la Audiencia Nacional el tercer grado. Tiene 76 años, ha estado 30 años en prisión y cumple todas las condiciones. Un ejemplo palpable de que estos fallos judiciales nada tienen que ver con la justicia ni con la reinserción que proclama la ley, sino con una clara actitud de venganza política. Como señaló ayer Sare en la presentación de su informe sobre la situación carcelaria, la justicia se ha convertido en el «arma jurídica de la extrema derecha».

Con Arregi ya son seis los presos en la misma situación y todo indica que la judicatura española ha abierto un nuevo frente para intentar detener la dinámica que comenzaron las y los presos políticos vascos en 2017 para vaciar las cárceles. Al principio se obstaculizaron las progresiones de grado, luego fue el rechazo a los permisos ordinarios, que en muchos casos se siguen vetando, y ahora es el tercer grado. Como señalaba la abogada Onintza Ostolaza en GARA el pasado domingo, lo siguiente puede ser la libertad condicional, algo por ahora difícil porque el tercer grado llega cuando los presos están a punto de completar sus condenas. Buena muestra de la determinación política que impulsa estas decisiones se refleja en el hecho de que la Fiscalía recurre sistemáticamente la concesión del tercer grado y los jueces la revocan tras reconocer que la concesión cumple correctamente todos los requisitos legales. Se limitan a alegar que falta la «petición expresa de perdón», algo que la ley no contempla. Poco importa a los jueces de la Audiencia Nacional la opinión unánime del equipo técnico de la prisión, de las juntas de tratamiento y del Gobierno Vasco, porque tienen la decisión tomada de antemano.

Ayer el pleno del Ayuntamiento de Oñati adoptó por unanimidad una declaración contra la anulación del tercer grado a Joseba Arregi. Un ejemplo más de que la sociedad vasca rechaza las actuaciones vengativas de la Audiencia Nacional, cultiva una actitud más humana hacia el sufrimiento y está completamente comprometida con la superación de las consecuencias del conflicto, con los derechos humanos y con la libertad de los presos y presas vascas.