Japón emprende su mayor giro en materia de Defensa en décadas con una nueva estrategia que marcará su rumbo en años, y que incluye el incremento del gasto militar hasta equipararlo al nivel de países de la OTAN, y la compra o desarrollos de misiles hipersónicos y de largo alcance.

El primer ministro nipón, Fumio Kishida, y Natsuo Yamaguchi, el líder del partido Komeito y su socio en la coalición gobernante, se reunieron ayer para cerrar esta semana un acuerdo que llega rodeado de críticas debido a su dudoso encaje en la Constitución pacifista nipona y al mayor gasto público en armamento.

Tokio endurece su calificación de China como «un desafío estratégico sin precedentes» aduciendo la intensificación de las actividades militares de Pekín en torno al archipiélago nipón y la crisis del estrecho de Taiwán.

Japón se ve en un «entorno de seguridad cada vez más hostil», no solo debido a China, sino a los constantes lanzamientos de misiles de Corea del Norte y a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, país con el que Japón mantiene disputas territoriales.

En este escenario, Tokio planea dotarse de «capacidades de contraataque» y se reserva la opción de «ataques preventivos en caso de detectarse preparativos para un ataque contra territorio nipón». Hasta ahora, las capacidades militares japonesas se limitaban a sus escudos antimisiles y otras medidas para contener potenciales ataques.

Japón planea adquirir armamento de ataque a distancia, como los misiles de crucero de largo alcance Tomahawk de fabricación estadounidense y el desarrollo doméstico de misiles hipersónicos, misiles antibuque y drones de ataque.

Anticonstitucional.

Esta iniciativa ha generado críticas por vulnerar la Constitución pacifista nipona, que renuncia a la guerra como forma de resolver conflictos internacionales.

Desde la oposición, destacan las críticas del secretario general del Partido Comunista de Japón, quien denuncia que el aumento del gasto militar «es un camino que destruye la economía y las vidas de la gente», y lo ha tachado de «inconstitucional» e «inaceptable».

La coalición gobernante estudia varias vías para costear este aumento, como subidas de los impuestos corporativos y del impuesto al tabaco, recortes de otras partidas o emisión de nuevos bonos de deuda, aunque la falta de transparencia y la cascada de filtraciones han generado confusión y críticas desde dentro del Partido Liberal Democrático (PLD) del primer ministro Kishida.

Destacan las del ministro de Economía, Comercio e Industria, Yasutoshi Nishimura, y de la titular de Seguridad Económica, Sanae Takaichi, ambos del sector del ex exprimer ministro japonés Shinzo Abe, muerto este año en atentado.