La cifra de muertos en Perú en las protestas que exigen elecciones anticipadas, una asamblea constituyente y la liberación del destituido presidente Pedro Castillo se eleva al menos a una veintena tras confirmarse ocho fallecidos el jueves en Ayacucho.

En esta ciudad del sur del país los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto y fueron repelidos por el Ejército, autorizado a intervenir por el estado de emergencia. Con piedras y cohetes pirotécnicos, hicieron frente a los militares, que respondieron con bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros y disparos de armas de fuego. Además de los fallecidos, hay al menos 52 personas heridas.

La Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, indicó que la matanza «merece una investigación penal, hay personas que murieron por heridas de bala», y lamentó que «el estado de emergencia no protege el derecho a la vida».

Era el primer día en vigor del estado de emergencia en todo el país decretado por el Gobierno de Dina Boluarte, nombrada por el Congreso para sustituir a Castillo.

A estas víctimas se suman seis muertos en Apurímac, tres en La Libertad, uno en Arequipa, uno en Huancavelica y otro en Junín.

Pese a la represión y al estado de emergencia la movilización continúa y el destituido mandatario está contando con un apoyo de organizaciones sociales, sindicales e indígenas que no tuvo entre las fuerzas parlamentarias durante año y medio de mandato. Castillo fue destituido por el Congreso después de que intentara disolver el Legislativo y elegir una Asamblea Constituyente ante la continua obstrucción y el hostigamiento que recibía desde el Parlamento y los tribunales.

Sin apoyo institucional, fue detenido cuando intentaba llegar a la Embajada de México para pedir asilo.

18 meses de prisión preventiva

El jueves, la justicia confirmó su prisión preventiva por 18 meses a la espera de las conclusiones de la investigación abierta por «rebelión» y «conspiración».

Boluarte, por su parte, expresó sus condolencias por las muertes en «una triste jornada de violencia» y reiteró su «invocación a la paz».

Castillo, sin embargo, denunció que la embajadora de EEUU en Lima, Lisa Kenna, acudió el martes al Palacio de Gobierno para «dar la orden» a la presidenta peruana de que sacara las tropas a la calle.

La presidenta intentó calmar las protestas anunciando un adelanto electoral a abril de 2024. Luego planteó anticiparlo a finales de 2023 pero el Congreso tumbó ayer esta propuesta, mientras legisladores izquierdistas exigieron una consulta sobre una asamblea constituyente.

Consultas

El Gobierno alterna así el uso del Ejército y la represión con propuestas como el anuncio de una ronda de consultas con los líderes sociales impulsores de las movilizaciones y con líderes religiosos para instaurar una «mesa de diálogo» en cada una de las regiones escenario de protestas.

Por otra parte, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que visitará Perú del 19 al 21 de diciembre ante la crisis desatada. Castillo pidió el miércoles que la CIDH intercediera por sus derechos, mientras que el Gobierno de Boluarte no ha informado de ninguna petición para una visita del organismo al país.

Primeras dimisiones en el Gobierno por la represión

Las primeras dimisiones en el Gobierno de Boluarte han llegado a la semana de su formación, como respuesta a la muerte de manifestantes. La ministra de Educación, Patricia Correa, presentó su renuncia irrevocable al cargo y aseguró que «la muerte de connacionales no tiene justificación alguna» y recriminó a las fuerzas del Estado el uso de la violencia «desproporcionada y generadora de muerte».

Igualmente, el ministro de Cultura, Jair Pérez, denunció que «los lamentables sucesos acontecidos en el país tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible» su permanencia en el Gobierno. GARA