Que no se valide la injusticia

Termina 2022, el año en el que la lenta repatriación de las presas y presos políticos vascos ha experimentado un avance notable. Un avance recibido con satisfacción por la población vasca y por la gran mayoría de las fuerzas políticas y sociales que, en cualquier caso, no obedece a dádiva o actitud generosa alguna, sino a la presión social y política de gran parte de este país. Avance que, aun con mucho retraso, corrige en parte un tratamiento penitenciario excepcional y de dudosa legalidad que jamás debió ponerse en vigencia, específico para un colectivo al que paradójicamente pretendían negarle su carácter específico, es decir, político. Bienvenida sea la repatriación que es de esperar que próximamente se complete.

No obstante, la reciente resolución del Tribunal Supremo español, según la cual cuando la Fiscalía recurra un acceso al tercer grado, una libertad condicional o cualquier otra medida que conlleve la excarcelación se suspenderá la misma, refuerza la ofensiva de los sectores españoles más recalcitrantes contra la eliminación de la excepcionalidad del tratamiento a un colectivo cuya aportación al proceso de resolución ha sido fundamental y contrasta con la irresponsabilidad mostrada por el Estado. Sabido es que la Fiscalía ha recurrido casi todas las decisiones tomadas en las instancias pertinentes y que la Audiencia Nacional, que también de forma excepcional se ocupa de estos casos, casi siempre sentencia a favor del recurso del fiscal. A estas alturas no resulta novedosa la injusticia expendida en administraciones de Justicia. Con esa actitud, la derecha española en todos sus frentes, en nombre de unas víctimas y desde la negación de otras, confirma lo que ya se sabía, que justifica cualquier medio para favorecer sus intereses políticos y, por ende, aferrarse a sus privilegios.

Estos días proliferan las movilizaciones contra esa excepcionalidad y a la postre por la libertad de todas las presas y presos vascos, la mayoría de los cuales, por otro lado, cumple los requisitos legales para acceder a ella en diferentes modalidades. Es una exigencia de toda una sociedad, que de momento tendrá su colofón el día 7 de enero en Bilbo.