Los presos mapuche y la militarización muestran el conflicto sin cerrar de Boric

La huelga de hambre de varios presos y la prolongación del estado de excepción en el territorio mapuche evidencian un conflicto con los pueblos originarios que el Gobierno de Gabriel Boric no acaba de cerrar. Pese al proyecto Buen Vivir, algunas organizaciones no ven cambios positivos por la militarización y la expansión de las forestalistas.

Una decena de presos mapuche en cárceles chilenas se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 27 de noviembre en uno de los últimos episodios del conflicto con el Estado chileno y que el nuevo Gobierno de Gabriel Boric no ha cerrado. De hecho, se ha agudizado con la militarización de la Araucanía a través de la continua renovación del estado de excepción.

Los presos exigen el traslado de las prisiones en las que se encuentran a otras estatales y cercanas a su lugar de origen, que se les apliquen los beneficios penitenciarios y unas condiciones dignas, y que los reconozcan como presos políticos.

El pasado miércoles, la Corte de Apelaciones de Temuco aceptó el traslado de tres de ellos del penal de Valdivia al de Temuco, lo que los acerca a su familia y su territorio: Pelentario Llaitul, Luis Menares Chanilao y Jorge Caniupil.

La Gendarmeria, institución a cargo de la seguridad de las cárceles chilenas, alegaba no contar con capacidad en el penal de Temuco, pero la movilización de los presos ha forzado el cambio.

En Wallmapu, las regiones donde se asienta el pueblo mapuche, se desarrolla hace décadas una disputa territorial con el Estado y con las empresas forestales que explotan las tierras de los indígenas. El Estado chileno no las ocupó hasta finales del siglo XIX en un violento proceso conocido oficialmente como «la pacificación de La Araucanía». Ahora pertenecen en su mayoría a empresas forestalistas.

La Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fundada en diciembre de 1997, es una de las organizaciones del movimiento mapuche cuya línea política combina la recuperación de fincas forestales, el sabotaje contra empresas latifundistas y forestalistas y la reconstrucción de la nación mapuche.

Su portavoz -werkén-, Rafael Pichún, señalaba antes de los últimos traslados que «tenemos 11 presos políticos en distintas cárceles chilenas», de los que diez mantienen la huelga de hambre. «Cinco weichafe (guerrero, en mapugundún) en la prisión de Valdivia exigen el traslado a la de Temuco», donde además de la cercanía a sus familias, pueden desarrollar ceremonias de su cultura. También reclaman el traslado de Héctor Llaitul, líder de la CAM, de la prisión de Concepción a la del Manzano, en la misma ciudad. Otra de las exigencias es el reconocimiento al preso Dainel Canio de los cuatro años y medio que estuvo en prisión preventiva para restar de su condena.

Pichún explica que las cárceles «concesionadas» de las que exigen el traslado a prisiones públicas son «cárceles privadas de máxima seguridad que cuentan con muy pocos beneficios carcelarios», mientras en las públicas «pueden hacer una presión política como mapuche, se les puede ingresar alimentos y tienen mayores horarios de visitas», los que además se facilitan con el acercamiento. Este último conflicto refleja una situación que, según Pichún, no ha cambiado mucho con el Gobierno de Gabriel Boric. «Quizás había una expectativa de cambio, pero aún se ha incrementado más la represión contra las comunidades que están en proceso de de reivindicación o culto al territorio».

El territorio

«Se ha hablado mucho de de la situación mapuche, sobre todo en el ámbito del proyecto de Buen Vivir, pero no se habla del tema de fondo, que es el tema el territorio, la autonomía y cómo se va a abordar el tema de las forestales. El Gobierno de Boric no se ha referido en ningún sentido a cómo va a ser el tratamiento con las forestales. De hecho, han incrementado aún más su sistema de producción», asegura.

El proyecto Buen Vivir del Ejecutivo chileno trata de reactivar el Ministerio de Asuntos Indígenas, la restitución de tierras y los parlamentos territoriales. Pero la CAM no ve un cambio positivo en la relación con las comunidades.

Además, Boric, que llegó al poder criticando el estado de excepción en la Macrozona sur decretado por su predecesor derechista, Sebastián Piñera, no solo lo ha mantenido sino que lo ha prorrogado por decimocuarta vez, permitiendo a los militares el control de vías de comunicación como apoyo a los Carabineros.

«Este Gobierno partió decretando la ocupación y la presencia militar en la zona. Se saca a la fuerza represiva del Estado para proteger los bienes de las grandes empresas y del gran latifundio en territorio mapuche. Se ha visto coartada la libertad de la comunidad, hemos visto mucha presencia de militares, detenciones...», explica.

También critica el plan para crear una cárcel especial para integrantes de pueblos originarios. «Es una estupidez porque con los mismos recursos y energía se podrían solucionar un montón de problemas, sobre todo el del territo- rio», señala. A su juicio, «más cárceles significa más persecución, más encarcelamiento de nuestra gente». Añade que para delincuentes mapuche se pueden utilizar las que existen, «pero si es una cárcel de alta seguridad para luchadores de nuestro pueblo, es bordear la estupidez».

La derecha arremete contra los indultos de fin de año

Los presos mapuche no se beneficiaron de los indultos aprobados a fin de año por el presidente de Chile, Gabriel Boric, para doce manifestantes que participaron en las protestas del Estallido Social y un exmilitante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pero asociaciones de víctimas de la represión de hace tres años lamentan que «no ha sido extensivo para todas las personas, por lo que seguiremos trabajando. La lucha no se ha terminado». Pese a ello, la derecha política y mediática arremete contra Boric, denunciando «indultos políticos». La coalición Chile Vamos se retiró de la mesa transversal de seguridad y recurrirá ante el Constitucional. La ultra Unión Demócrata pedirá eliminar esta facultad presidencial, que ha sido ejercida hasta en 1.600 casos desde el fin de la dictadura. Boric afirmó que la decisión fue «difícil», pero que lo hizo «para sanar las heridas» porque los jóvenes indultados «no son delincuentes». GARA