Cuando el Ayuntamiento de Gasteiz anunció el cierre de la residencia pública San Prudencio, se informó también de la construcción de Arabarren, un centro más moderno que mejoraría la vida de las personas mayores. Las protestas que aquellas decisiones suscitaron entre trabajadoras y usuarios se han olvidado igual que los aplausos al personal sanitario que afrontó la pandemia bajo unas condiciones laborales inadmisibles. Quienes creyeron que aquella experiencia obligaría a Lakua a revisar su agenda política se equivocaron estrepitosamente. Hoy la CAV es un paraíso para el negocio de las privatizaciones sanitarias y la situación de las mujeres que trabajan en residencias es más precaria que entonces. Hace unos días, con el affaire por corrupción más escandaloso del PNV copando todas las portadas, Iñaki Artaza, director de Innovación de Políticas Sociales de la Diputación alavesa, presentaba Arabarren como un proyecto de colaboración pública-privada «ejemplar», cuya gestión se ha confiado a las empresas IMQ y MCC. El señor Artaza fue hasta 2021 director de IMQ Igurko. Ese detalle tan olvidado en su actual responsabilidad pública e institucional no es producto del azar. Solo deja entrever los hilos de una conducta política donde la corrupción siempre está entre bastidores y a flor de piel.