El Gobierno de Perú publicó este sábado el decreto que extiende el estado de emergencia desde el 15 de enero y por 30 días en las regiones de Lima, Cuzco, Puno, el Callao, en tres otras provincias y un distrito para controlar las protestas sociales que han cobrado la vida de 49 personas desde diciembre. A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial ‘El Peruano’, el Ejecutivo ha ampliado en las zonas donde en la última semana se reportaron las mayores protestas antigubernamentales el estado de emergencia que el pasado 15 de diciembre entró en vigor en todo el territorio nacional.

La norma establece que, a partir de ayer, el estado de emergencia regirá en las regiones de Lima, Cuzco y Puno y en la provincia constitucional del Callao. También en la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac, en las provincias de Tambopata y Tahuamanu del departamento de Madre de Dios y en el distrito de Torata, en el departamento de Moquegua. Asimismo, la medida incluye cinco carreteras nacionales, entre ellas la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, Central, el Corredor Vial Sur Apurímac-Cuzco-Arequipa y el Corredor Vial Interoceánico Sur. «Durante los Estados de Emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales», se lee en el decreto. La norma precisa, además, que la Policía Nacional del Perú mantiene el orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Detalla que la intervención de las fuerzas del orden se efectúa conforme la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía y de los decretos que establecen las reglas de empleo y uso de fuerza de los militares.

«Inmovilziación social obligatoria»

El documento también señala que el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de «perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación».

Por otro lado, el artículo cuarto del decreto extiende también a partir del domingo y por diez días la inmovilización social obligatoria, entre las 20.00 y las 04.00, que el Gobierno decretó esta semana en la sureña región de Puno, uno de los epicentros de las protestas. En la puneña ciudad de Juliaca, las movilizaciones sociales que piden la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y elecciones para 2023 vivieron su jornada más mortífera, que dejó un saldo de 17 manifestantes fallecidos.

Desde que arrancaron las protestas en diciembre pasado, después de que el presidente destituido Pedro Castillo anunciara la disolución del Congreso, 49 personas han perdido la vida, 21 de ellas en la última semana, mientras que segín la Fiscalía, hasta el pasado viernes 329 ciudadanos han sido detenidos en el marco de las manifestaciones antigubernamentales que se iniciaron en diciembre de 2022. El Ministerio Público peruano ha indicado que los arrestados están siendo investigados por presuntos «delitos contra la administración pública, disturbios, violencia y resistencia a la autoridad».

Siguen los cortes de carreteras a pesar del estado de emergencia

La Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías de Perú informó de que hay 121 puntos en los que está interrumpida la circulación de vehículos debido a los bloqueos hasta las 18.00 del sábado, hora local, y a pesar de la ampliación de la declaración del estado de emergencia a varias provincias más.

En total hay 19 vías afectadas por las manifestaciones en once regiones, aunque con especial impacto en el sur del país, principalmente Puno y Cusco, donde se concentras los disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El viernes se informó de 87 bloqueos en 10 regiones y 17 vías afectadas, lo que supone un incremento significativo, según recogía la emisora RPP.

Por su parte, la empresa petrolera estatal, Petroperú, alertó de ataques contra oleoductos de los que responsabiliza a grupos de manifestantes. En concreto, el pasado sábado un grupo de manifestantes se acercó a la válvula del kilómetro 371 del Oleoducto Norperuano, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, con la intención de manipularla. Otro grupo de manifestantes «viene atentando contra la infraestructura de la tubería del Oleoducto Norperuano» en el kilómetro 440, localidad de Inayo, distrito de Imaza, provincia de Bagua. GARA