Históricamente el PNV ha reclamado a los distintos gobiernos centrales el traspaso de las competencias reconocidas en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco no transferidas. Hasta aquí estamos de acuerdo. Pero la pregunta que me hago es para qué quiere la transferencia de las mismas. Y la respuesta está clara: para ganar en autogobierno, a veces a costa de sectores feminizados y precarizados.

Pues bien, en el caso que nos ocupa -las asociaciones de diversidad funcional en Bizkaia-, la transferencia de la asistencia social pertenece en exclusiva a la Comunidad del País Vasco, correspondiendo a las diputaciones la ejecución dentro de su territorio de la legislación del Parlamento Vasco.

La Ley de Servicios Sociales de Euskadi afirma que el sistema vasco de servicios sociales es responsabilidad pública. Y su financiación, en cantidad suficiente, provendrá en nuestro caso de los presupuestos generales de Bizkaia y de los precios públicos o tasas abonados por las personas usuarias.

De igual manera, la norma diferencia entre la intervención de la iniciativa privada en la prestación de este tipo de servicios y el apoyo público a la iniciativa social sin ánimo de lucro.

En el caso de Apnabi Autismo Bizkaia, nos encontramos en el segundo supuesto. Y como dice la propia norma, esta colaboración se instrumentará a través de convenios de colaboración, como los veintiuno que tiene suscritos Apnabi con el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia. Y no a través de ningún contrato público como sostiene el diputado de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, Sergio Murillo.

Hay que indicar que la contratación pública tiene su propia reglamentación, como parece desconocer el diputado, que no es aplicable al caso que nos ocupa. Le pediría que centre el asunto. Y que se ocupe de garantizar el artículo 16 de la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi, es decir, proporcionar unas condiciones laborales dignas al personal contratado remunerado de las organizaciones del tercer sector social que cooperen con las administraciones públicas. Todas ellas con convenios denunciados desde 2019 y sin ningún tipo de subida salarial.

Le recuerdo que el IPC acumulado, según el Eustat, asciende a un 12,5% (período 2019-nov. 2022), a espera de la publicación del IPC de Euskadi de diciembre 2022.

Y también, que nuestros costes salariales a igual trabajo están más de un 50% por debajo de los que el IFAS satisface, en al menos alguna categoría.

Así no se cumple el compromiso del diputado foral de Bizkaia, Unai Rementeria: «Bizkaia avanza y va a seguir avanzando». Por lo que a nosotras respecta, a dos velocidades.