El decreto 65/2006 estableció los plazos máximos para que el Servicio Vasco de Salud llevara a cabo las operaciones quirúrgicas que se hubieran prescrito. En caso de que la demora superase el límite establecido, el decreto contemplaba que el paciente solicitase autorización para ser atendido en otro centro sanitario y Osakidetza estaría obligada a correr con los gastos. La respuesta a una pregunta parlamentaria ha vuelto a poner en evidencia la precariedad con la que Osakidetza cumple sus quehaceres.

A pesar de la claridad de las disposiciones legales, el Servicio Vasco de Salud no cumple ni de lejos con los plazos que el decreto impone. En la práctica, una de cada tres intervenciones cardiacas se retrasa; lo mismo ocurre en una de cada ocho operaciones oncológicas; y en una de cada once, en el caso del resto de procedimientos quirúrgicos. En los últimos seis meses el porcentaje ha disminuido en el caso de enfermos cardiacos -ha bajado dos puntos porcentuales-, pero ha subido cinco puntos cuando se trata de operaciones oncológicos y se ha doblado en el resto de intervenciones. Resulta obvio que retrasar la aplicación de los tratamientos prescritos tiene consecuencias directas en la salud de las personas y en la calidad de vida de la población. Las demoras alargan los padecimientos que acarrean las enfermedades y pueden tener efectos a largo plazo en la salud de paciente. No menor es el sufrimiento psicológico que ocasiona la tardanza al sumir a la persona enferma en una situación de incertidumbre: no hay peor tortura para un paciente que no saber a qué atenerse mientras continúa padeciendo las molestias causadas por la enfermedad que lo consume. Los retrasos en operaciones quirúrgicas -que ya de por sí intimidan- no pueden convertirse en la nueva normalidad de la sanidad pública.

Por mucho que la consejera Gotzone Sagardui quiera restar importancia a los problemas y atribuir la actual sobrecarga al periodo invernal, los datos corroboran una y otra vez que está haciendo aguas por todas partes. Osakidetza necesita cambios de envergadura para cumplir con su misión de servicio público de salud.