Organizaciones sociales y sindicales de todo Perú, sobre todo del Perú indígena y rural, han confluido en los últimos días en su capital, Lima, para llevar hasta el corazón del país las protestas antigubernamentales que lo sacuden desde la destitución y encarcelamiento de su presidente Pedro Castillo para exigir la renuncia del Ejecutivo que lo reemplazó, con Dina Boluarte al frente, la disolución del Congreso, la convocatoria de elecciones inmediatas y de una Asamblea Constituyente a través de un referéndum. Reclaman, además, la liberación de Castillo, el fin de la represión y justicia para los fallecidos, que organizaciones de derechos humanos cifran ya en al menos 54.

Con la ciudad blindada, donde fueron desplegados más de 10.000 policías, varias marchas se dirigían al cierre de esta edición hacia el Congreso, hacia el Palacio de Jusicia y al barrio residencial de Miraflores, para denunciar la invisibilización a la que las zonas más pobres y recónditas del país son sometidas por autoridades y medios de comunicación, la explotación de sus habitantes y el saqueo de los recursos naturales del país. Desde allí iban a marchar hacia la plaza Dos de Mayo, desde donde arrancaría la gran manifestación. Era la primera convocatoria unitaria en un solo punto desde que empezaron las protestas el 7 de diciembre del año pasado.

Choques en Arequipa

Horas antes, mientras avanzaba la marcha de los cuatro suyos (nacionalidades) hacia la capital para dar comienzo a la llamada «toma de Lima», prevista para las 16.00 hora local (22.00 en Euskal Herria), se produjeron duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Arequipa mientras los bloqueos de carretera se elevaban a 127 con el tránsito interrumpido en 18 de las 25 regiones del país.

Cientos de manifestantes trataron de entrar en las instalaciones del aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad más poblada del país, cuyas operaciones fueron suspendidas como medida de prevención. En sus inmediaciones y en unos de los accesos de la llamada Ciudad Blanca se produjeron enfrentamientos cuando acudió la Policía a disolver las protestas con gases lacrimógenos.

También fueron suspendidas como medida preventiva las operaciones en el aeropuerto de Cuzco, la entrada a Machu Picchu, y el tren de acceso a las ruinas incas.

La ola de protestas suma ya al menos 54 personas fallecidas, 49 de ellas a consecuencia de la represión policial y militar -el resto, producto de los bloqueos-, según organizaciones de derechos humanos. Algunas presentaban disparos en la cabeza y el tórax, según esas fuentes, lo que ha indignado más a los manifestantes, que no descartan posibles ejecuciones extrajudicales.

Las últimas víctimas mortales al cierre de esta edición eran una mujer que falleció el miércoles en los enfrentamientos con la Policía en Macusani, en la región de Puno, y un hombre heridos en el mismo lugar y que murió ayer.

Las movilizaciones paralizan la frontera con Bolivia

La frontera entre Bolivia y Perú está «abandonada» hace 15 días, el tránsito de vehículos o personas es mínimo, solo se ven vestigios de los enfrentamientos y de los bloqueos de hace unos días en el lado peruano, mientras que habitantes de ambos países que dependen del comercio en esa zona esperan que pronto se solucione la crisis. Las protestas en Perú han forzado el cierre de esa frontera en Yunguyo y Desaguadero, donde el trabajo en las oficinas de la Aduana y Migración está interrumpido por el bloqueo en el otro extremo del puente binacional. Esto está obligando a permanecer varados durante días en la frontera a quienes necesitan completar trámites burocráticos y a transportistas -más de 350 camiones esperan a cada lado la reapertura de la frontera- cuya documentación establece que es ese el punto fronterizo que deben atravesar. En el puente queda el hollín de las fogatas junto a los alambres ahora sin tensar que impedían el paso.GARA