El Congreso de Perú bloqueó el viernes hasta agosto cualquier debate para adelantar las elecciones generales a 2023, uno de los principales reclamos de las protestas que empezaron el 7 de diciembre y en las que han muerto 69 personas -los tres últimos, migrantes haitianos, en la localidad de Desaguadero, fronteriza con Bolivia, al no poder recibir atención médica por los bloqueos de carretera-, después de que una comisión parlamentaria rechazara el proyecto presentado por el Gobierno de Dina Boluarte. Solo 11 de los 22 diputados de la Comisión de Constitución votaron a favor y al ser una reforma constitucional debe pasar al pleno, para lo que necesita 14 apoyos.

Los diez congresistas que votaron en contra, de ambos lados del espectro político, dijeron tener que defender las instituciones democráticas y que esta reforma dañaba al Estado de derecho.

La Presidencia y el Legislativo tienen un mandato de cinco años que se cumple en julio de 2026. Y el reglamento del Congreso fija que una misma proposición no podrá presentarse hasta el siguiente período anual de sesiones, que comienza a finales de julio. Por lo que habrá que esperar a agosto para volver a debatir.

El jueves, el pleno declinó otra propuesta de adelanto electoral planteada por Perú Libre, que incluía una consulta sobre una Asamblea Constituyente, y un día antes negó otra del fujimorismo que ya había sido rechazada en su primera versión siete días antes.

Ante el estallido de las protestas antigubernamentales tras la destitución y el encarcelamiento de Pedro Castillo, su vicepresidenta y sucesora, Boluarte, pidió al Congreso anticipar los comicios, generando un desfile de iniciativas y debates legislativos infructuosos. Ninguna ha progresado, con lo que la fecha prevista para los comicios es 2026.

Según expertos, no hay voluntad política y la única opción de adelanto sería la renuncia de Boluarte, que llevaría al presidente del Congreso, José Williams, a asumir el mando para convocar elecciones de inmediato.