El 83% de las torturas se dieron durante la incomunicación

El 83% de las torturas denunciadas que se recogen en el informe del IVAC sobre Nafarroa, que ayer se presentó en el Parlamento, se realizaron durante el periodo de incomunicación. Se trata de uno de los datos de este informe, que revela también la masiva aplicación de violencia sexual y los tormentos a menores.

El 83% de los casos de torturas recogidos en el informe del Instituto Vasco de Criminología (IVAC) sobre este práctica en Nafarroa se dieron durante el periodo de incomunicación y un 94% se atribuyen a la Policía española y a la Guardia Civil. Concretamente, casi la mitad, un 49,8%, se imputa a la Policía española, mientras que a la Guardia Civil se le responsabiliza de un 45,1%. A la Ertzaintza se le atribuye el 1,3% de los casos; un 2,3% se achaca a otros cuerpos policiales y hay un 1,5% en los que hay falta de información o duda.

Se trata de uno de los datos del informe sobre la tortura en Nafarroa en el periodo 1979-2015 elaborado por un grupo de expertos del IVAC que compareció ayer en el Parlamento navarro. Se ha elaborado con una metodología ya empleada en la CAV.

El informe subraya, en 155 páginas, que de los 532 casos que se han analizado, el 81,4% se encuentran ratificados, al menos, por alguna de las siguientes vías: testimonio escrito (113), ratificaciones firmadas (382), consentimiento informado (360), testimonios orales (19 por audio y 93 por video) y el Protocolo de Estambul (38 casos).

Como ya se avanzó en el resumen difundido cuando se presentó el informe al Gobierno navarro, los años 1980 y 1984 ofrecen las frecuencias de casos de denuncias de torturas más altas, con 46 y 44, respectivamente. Posteriormente, se registra un descenso con un repunte en la década de 1990.

De los 532 casos, en el 81,6% de los mismos el territorio de detención fue Nafarroa, seguido de Gipuzkoa (9,2%) y Bizkaia (4,7%). En Araba no se registró ninguna detención, mientras que el 3% fue en otro lugar del Estado español y un 0,9% fuera del mismo.

Periodo de detención

El informe también pone su foco en el tiempo que las personas que han denunciado torturas estuvieron detenidas. El documento constata que el arresto se prolongó durante un periodo inferior a los tres días en el 37,8% de los casos; en un plazo de cuatro a cinco días, en el 25,8%; en un periodo de seis a diez días, en el 17,3% y en un plazo de más de diez días, en 0,8% de los casos. Hay un 18,4% de casos en los que no hay información.

Respecto a la duración de las detenciones según el cuerpo policial que las practicó, puede observarse que el arresto por un periodo de hasta tres días es el que mayor porcentaje acumula. Supone el 43% de las detenciones llevadas a cabo por la Policía española; el 32,9% de las de la Guardia Civil; el 42,9% de las de la Ertzaintza y el 33% de las de otros cuerpos policiales. En el otro lado del espectro, solo la Guardia Civil cuenta con detenciones por un periodo superior a los diez días.

El informe pone su foco también en la incomunicación, una medida que ha sido recurrentemente denunciada como creadora de un ecosistema que ampara la práctica de la tortura.

De este modo, en el 84% de los casos analizados se decretó la incomunicación. Apenas un 2,8% relata que no fue incomunicado y en un 13,2% de los casos estudiados se desconoce este aspecto.

Por cuerpos policiales, en el 82,8% de las detenciones llevadas a cabo por la Policía española se recurrió a la incomunicación. En el caso de la Guardia Civil sube hasta el 86,6% y en el de la Ertzaintza desciende hasta el 57,1%.

Un dato abrumador respecto a la incomunicación que señala el informa del IVAC es que «todas las personas menores de edad sobre las que se tiene información en este estudio alegaron haber sido incomunicadas».

Técnicas de tortura

El informe del IVAC ha analizado 465 casos que disponían de información sobre la técnica de tortura aplicada. «Los datos muestran que, a lo largo del periodo estudiado, han predominado los golpes (80,5%) como método habitual de tortura y malos tratos, incluyendo entre ellos las palizas (77,4%), tirones de pelo (38,5%) y empujones (7,3%)».

De forma «muy frecuente», las denuncias señalan distintas formas de privaciones (83,5%), siendo las más recurrentes los interrogatorios ilegales (80,6%), la privación de sueño (49,4%), el impedimento de la visión (39,8%), la contención de necesidades fisiológicas y las facilidades para el aseo (27,1%), la privación de comida (25,8%) o la privación de agua (22%).

Las amenazas son otra técnica recogida en el informe en el 74,1% de los casos, incluyendo amenazas generalizadas (74,1%) e incluso simulacros de ejecución (12,6%). El 77,4% de las denuncias registradas refieren distintas formas de humillaciones y un 61,3% aluden a «técnicas psicológicas específicas», entre las que se incluyen «formas de confusión con comportamiento contradictorio de los agentes (benevolente o pretendidamente protector/agresivo)» con un 43,8%, la obligación de ratificar confesiones falsas (33,3%), información falsa (25,9%), oferta de beneficios por colaborar con los cuerpos policiales (22,9%) o inducir sentimientos de culpabilidad (28,2%).

En el 58,8% de las denuncias se aludió a formas de maltrato consistentes en mantenerse en posiciones forzadas o extenuantes. Asimismo, en el 41,9% de los casos recogidos se mencionó el empleo de técnicas de asfixia, siendo la más habitual la llamada «asfixia seca», conocida popularmente como «la bolsa», con un 41%, mientras que la «asfixia húmeda», popularmente conocida como «la bañera», se menciona en el 5,8% de los casos.

El 48,3% de los casos recogidos citaron distintas formas de malos tratos y torturas basadas en las condiciones de detención, entre las que destacan el sometimiento a ruidos constantes (35,5%) o la higiene deficiente del espacio (24,2%).

Con cifras similares, se registró el padecimiento de ser testigo de la tortura de terceras personas (48,5%), siendo notablemente mayor el número de las denuncias que relatan haber escuchado gritos o lamentos de otras personas detenidas (48,1%) que aquellas que afirman haber sido obligadas a presenciar la tortura de otras personas detenidas (0,4%).

Violencia sexual

La violencia sexual fue descrita en el 44,2% de los casos denunciados. Además de la desnudez forzada durante el periodo de detención (19,2%), también predominaron las humillaciones sexuales de carácter verbal (21,1%), los golpes en los genitales (25,8%) y tocamientos (8,1%). De forma minoritaria se produjeron torturas con introducción de objetos por la vagina (0,6%) y el ano (1,1%).

En un porcentaje menor de casos, se describen técnicas relativas al uso de electricidad o descargas eléctricas (6%), así como a quemaduras (0,9%) y drogas (1,5%). No se han detectado casos referidos a torturas relacionadas con técnicas de aplastamiento o por lesiones penetrantes.

Tribunal de Estrasburgo

El informe del IVAC recuerda que el Tribunal de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha condenado al Estado español en nueve ocasiones por casos relacionados con la tortura. De esas nueve resoluciones del Tribunal de Estrasburgo, cinco corresponden a casos navarros, afectando a un total de seis personas: Oihan Ataun, Jon Patxi Arratibel, Xabier Beortegi, Igor Portu, Mattin Sarasola e Iñigo González.

Protocolo de Estambul

En el trabajo presentado también se han analizado más profundamente hasta trece casos empleando el Protocolo de Estambul, tomado como estándar internacional de referencia por Naciones Unidas para investigar estas denuncias. Fueron seleccionados de manera aleatoria del censo del IVAC y participaron en un estudio realizado por un grupo de más ocho de profesionales de la salud.

El análisis de estos trece casos con el Protocolo de Estambul permite avanzar en la investigación de las consecuencias médicas y psicosociales de la tortura y llevar a cabo un análisis de los métodos empleados, buscando la existencia o no de patrones estadísticos.

Consistencia

La aplicación del Protocolo de Estambul muestra que el relato de los trece casos analizados es consistente en lo que se refiere al relato de tortura que se denuncia haber sufrido.

Junto a ello, en doce de ellos se han detectado «reacciones psicológicas esperables o típicas de un estrés extremo».

En todos ellos, en los trece, se ha percibido «una congruencia entre la descripción de hechos y las emociones con que estos son expresados» y en todos ellos existen «secuelas a medio/largo término congruentes con los hechos alegados»; en doce hay «congruencia entre la comunicación verbal y no verbal en el relato de los hechos».

Junto a ello, subraya que «el trastorno psiquiátrico más frecuentemente diagnosticado fue el estrés postraumático, seguido de la depresión en diferentes grados. Dos de las personas entrevistadas tienen en el momento actual síntomas moderados de tristeza o depresión y una más, síntomas leves».

El informe destaca que no se debería descuidar la atención psicosocial y medidas de rehabilitación.