«Hay una esperanzade enmendar la paz traicionada de La Habana»

Politólogo, docente y activista, Francisco Javier Toloza participó en la mesa de conversaciones de La Habana entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano. En el marco de su reciente visita a Euskal Herria, invitado por la Asociación Freytter Elkartea, se reunió con el intergrupo de apoyo al proceso de paz del Parlamento de Gasteiz para exponer la situación actual.

Francisco Javier Toloza, politólogo, docente, sociólogo y activista colombiano, vivió de primera mano los entresijos de la mesa de diálogo de La Habana entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Hace diez años visitó Euskal Herria como integrante de la comisión internacional del movimiento político y social Marcha Patriótica para recabar apoyos al proceso de paz que estaba por abrirse. Una década después regresa a Euskal Herria de la mano de la Asociación Freytter Elkartea para reflexionar sobre la experiencia y la herencia que dejan los acuerdos de La Habana y los retos que enfrenta el Gabinete de Gustavo Petro.

«Después de 200 años hay un Gobierno alternativo que no responde a los partidos tradicionales. Hay una esperanza de enmendar la paz traicionada de La Habana», subraya en entrevista a GARA.

Hace diez años visitó Euskal Herria como parte de Marcha Patriótica. Ha llovido mucho desde aquella gira...

Hace diez años vinimos como Marcha Patriótica a abrir el apoyo internacional al proceso de paz de La Habana, a sensibilizar sobre la importancia de un proceso de paz. Sin duda, uno de los mayores cambios es el desarrollo de ese proceso y llegar a un acuerdo final en 2016. Lamentablemente, también tenemos que hablar de la traición del Estado colombiano y del incumplimiento sistemático de lo que se acordó en La Habana tanto en lo referente a la reforma rural como a las garantías de seguridad. Desde su firma, han matado a 350 exguerrilleros. Hemos presenciado también la etapa final del uribismo, cuyo desgaste y decadencia se plasmó en el estallido social que tuvo lugar en Colombia en los años 2019-20-21. En lo político se expresó en el desgaste de los partidos políticos tradicionales. El tercer gran logro de esta rebelión civil y pacífica es la posibilidad de que después de 200 años haya un Gobierno alternativo que no responda a los partidos tradicionales. Hay una esperanza de enmendar la paz traicionada de La Habana.

¿Cree que de no haberse firmado el acuerdo de paz con las FARC-EP hubiera sido posible el estallido social y que hoy Gustavo Petro y Francia Márquez estén al frente del Gobierno?

La firma del acuerdo y la voluntad de paz expresada por los firmantes generó un ambiente político y cultural distinto que en buena medida dejó sin piso un discurso fascista como el del Centro Democrático. Los sectores más estrategas del poder establecido colombiano sabían que había una olla a presión a nivel social y económico con la juventud y que si no se lograba un acuerdo rápido, esa olla iba a estallar. Creo que el acuerdo contribuyó, pero también de forma inversa; el miedo a ese estallido social fue uno de los causales para que un Estado tan autoritario como el colombiano decidiera dialogar con las FARC-EP.

El estallido social desveló una serie de errores del acuerdo de La Habana. Por ejemplo, en La Habana no se quiso tocar la represión y el replanteamiento de las fuerzas militares, aunque sí se recogió el derecho a la protesta. Lamentablemente, ni en el Gobierno de [Juan Manuel] Santos ni el del [Iván] Duque se pudieron plasmar estas medidas de protección a la protesta social. Vimos un desborde de la represión policial, consecuencia de la doctrina de Seguridad Nacional; la Policía trata a su juventud como si fuera un ‘enemigo interno’. Hoy estamos en un nuevo momento político con grandes esperanzas y posibilidades de cambio.

¿Qué retos enfrenta Petro?

Petro es elegido con la esperanza de que se alivie la penuria social que vive Colombia. Duque entregó el país con más de 21 millones de pobres. El 66% de las familias no puede comer tres veces al día; en el campo tenemos índices de pobreza absoluta de más del 40%. Vivimos una crisis social insostenible. La votación por Petro representa una ruptura con el miedo, pero, sobre todo, una emergencia de unas clases populares que están cansadas de aguantar hambre.

El segundo gran reto tiene que ver con las relaciones internacionales y la estabilidad misma del Gobierno. Un primer gran paso ha sido la reapertura de las relaciones y de la frontera con Venezuela, pero nos preocupa que Colombia siga siendo miembro de la OTAN y que siga habiendo tropas estadounidenses en territorio colombiano, así como el mantenimiento de las actividades extractivistas.

El tercer gran reto de Petro son las reformas sociales, especialmente el sistema sanitario y el régimen laboral. La ministra de Trabajo ha prometido acabar con los contratos basura.

El cuarto es el de la paz total entendida como la negociación con las guerrillas y el desmantelamiento de grupos paramilitares o grupos criminales que participaron en el conflicto armado. A esto le agregaría el cumplimiento de lo incumplido en La Habana, o sea, volver al cauce de lo acordado en 2016. Ya han comenzado los diálogos con el ELN, el Alto Comisionado de Paz ha anunciado acercamientos con la Segunda Marquetalia, se han presentado propuestas para el desmantelamiento de grupos paramilitares pero, obviamente, son procesos largos que van a requerir de consensos tanto en el Estado como en la sociedad, y de transformaciones jurídicas y políticas.

Valido el acierto de Petro de querer convertir la paz en un diálogo simultáneo con el conjunto de actores que continuaron el conflicto. No estamos en el posconflicto, estamos en una nueva etapa del conflicto; un conflicto más fragmentado, más regionalizado y complejo, y que sigue afectando ostensiblemente a los sectores populares, a la población rural, a la juventud y a líderes sociales.

Usted participó en los diálogos de La Habana entre el Gobierno de Santos y las FARC-EP. ¿Qué diferencias ve con el proceso con el ELN?

El proceso con el ELN tiene unas marcadas diferencias que consideramos positivas. Yo, que formé parte del proceso de paz de La Habana, debo de reconocer que parte de los problemas que hemos tenido en la implementación tuvieron que ver con errores en la metodología. En el actual proceso, el acompañamiento internacional se mantiene e, incluso, se fortalece porque hay un nuevo ambiente político en América Latina. Durante el proceso con las FARC-EP hubo un gran avance conservador. Volvemos a tener a Brasil y México, que juntos representan la mitad del PIB, a favor de un proceso de integración latinoamericana. Esto da unas condiciones más óptimas para un equilibrio regional.

Este proceso plantea tres diferencias metodológicas: Se rompe con la impostura de Juan Manuel Santos-muy asesorado por grupos israelíes- de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Con el ELN va a haber acuerdos parciales y supongo que con las otras guerrillas también. Ya se ha acabado el cuento de que había que negociar como si no hubiera guerra y hacer la guerra como si no hubiera diálogos. Se va a calmar inmediatamente el sufrimiento de la violencia política que afecta, sobre todo, a las comunidades campesinas.

El ELN ha planteado históricamente una convención nacional, es decir, la participación vinculante de la sociedad civil en la mesa. En La Habana, el Gobierno de Santos aisló durante largo tiempo la participación social en la mesa. Temían que las posiciones de las comunidades o de los movimientos sociales pudieran hacerle contrapeso al Gobierno nacional. Ahora se garantiza un proceso participativo.

Y tercero, por su práctica, el ELN ha lanzado un enfoque territorial. La agenda de Quito es muy similar a la de La Habana, pero en Caracas se le han agregado el tema ambiental y el de género. Estas son las diferencias respecto a La Habana y las herencias que dejó.

¿Cómo cree que puede afectar la crisis en Perú a la estabilidad regional?

El Gobierno de Petro y la destitución de Pedro Castillo son parte de esta etapa que, como muy bien la ha denominado Alvaro García Linera, no responde a una oleada progresista o conservadora, sino a la agudización de la lucha de clases: golpe y contragolpe directo. Mira el ejemplo de Chile. Se cae el niño modelo del neoliberalismo en América Latina, se logra un Gobierno progresista y avanzar en el proceso constituyente, pero este no obtiene la aprobación. Hay un contraataque de la derecha. En México, AMLO tiene una oposición fuerte parlamentaria. Y acabamos de ver lo que ha ocurrido en Brasil.

Algunos dicen que esta nueva ola -[Luis] Arce en Bolivia, Lula [da Silva] en Brasil, [Alberto] Fernández en Argentina- es más moderada que la que hubo a principios de siglo. No sé si es más o menos moderada, pero llega con menos fortalezas al Gobierno y con una derecha envalentonada que cuenta con apoyos internacionales en el continente europeo y de halcones del Partido Republicano. En medio de esta crisis global, hay experimentos fascistas en laboratorio en América Latina. Lo que expresa el golpe en Perú es la dificultad de un Gobierno progresista de avanzar en los objetivos si no tiene un control sobre las fuerzas militares y no logra ser hegemónico.

Hoy Petro tiene una buena gobernabilidad y cuenta con opinión pública favorable, pero no tiene todavía un control sobre las fuerzas militares que vienen de 60-70 años de doctrina de seguridad nacional. Ese es uno de los temores. Y tiene un Parlamento donde sus mayorías no son exiguas, pero tampoco son propias; depende de los partidos tradicionales para aprobar sus reformas. El Gobierno tiene que decidir cómo va manejar sus relaciones con el Congreso. No hay otra vía que acudir a la calle y al apoyo internacional.

Independientemente de los errores tácticos y políticos o incluso ideológicos de Castillo, el mensaje que nos lanza lo ocurrido en Perú es que los poderes fácticos en América Latina están vivos y están dispuestos a acudir a cualquier mecanismo.