El espectáculo que la política española, con el PSOE al frente, ha ofrecido los últimos meses a cuenta de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida mediáticamente como la Ley del «solo sí es sí», es descorazonadora, pero contiene varios aprendizajes que conviene salvar del lodazal actual.

La ley tuvo la voluntad de, en la medida en que lo puede hacer una norma legal, dar un enfoque integral a la libertad sexual, poniendo el foco no tanto en castigar con mayor contundencia las agresiones conocidas y denunciadas, sino en hacer aflorar el fondo del iceberg de la violencia sexual que queda oculto. Contiene, en este sentido, aportaciones interesantes que están quedando totalmente sepultadas.

Por otro lado, también trató de corregir el sinsentido de diferenciar entre agresión y abuso en función de la existencia o no de violencia. ¿Puede una violación no ser violenta? La indignación ante la sentencia por la violación de sanfermines no vino de la cuantía de las penas, sino de la decisión de los jueces navarros -luego corregida por el TS- de considerar lo ocurrido como abuso, en vez de agresión. Es decir, por defender que no hubo violencia en aquella violación.

Así, el debate acostumbraba a centrarse en si había habido violencia o no. La libertad sexual como derecho a proteger quedaba en un segundo plano. De ahí que la nueva ley sitúe en el centro el consentimiento. El grado de violencia empleada en una agresión no es irrelevante, pues la ley contempla una gradación que va de un año a los 12, pero define todo ataque a la libertad sexual como agresión y desaparece el abuso.

Miedo, ideología y cálculo electoral

La reforma propuesta por el PSOE en solitario esta semana no se carga directamente la figura del consentimiento, pero vuelve a introducir en el primer plano el debate sobre la violencia. Las inoportunas declaraciones de la ministra de Justicia, Pilar Llop, resultan reveladoras al respecto, igual que las retrógradas opiniones del asesor del PSOE en esta materia. ¿No se leyeron la ley que aprobaban? Resulta incomprensible que el Gobierno no contara con las cerca de 400 condenas que los juzgados han revisado a la baja y que no trabajara esa eventualidad para tratar de darle la vuelta. Desde Podemos apuntan al carácter patriarcal y misógino de buena parte de la judicatura española; tienen razón, por supuesto, pero políticamente es una vía bastante infructuosa. Apenas logran trasladar la imagen de una pataleta.

Resulta también descorazonador ver que muy pocas voces han salido a recordar que se trata de una circunstancia transitoria y a defender que no pasa nada porque algunas sentencias -abultadas, en la mayoría de casos- se rebajen levemente. Ello requeriría un debate sobre la institución penitenciaria para el que no hay mimbres del Ebro para abajo. El PSOE se ha entregado por enésima vez -en parte por miedo, por ideología y por cálculo electoral- a la inútil y a menudo contraproducente lógica punitivista.

La correlación de fuerzas aquí es otra

La polémica también deja clara cuál es la correlación de fuerzas en el Estado español, y cuál es la capacidad de la izquierda para imponer marcos que atiendan a sus intereses pese a gobernar. Es prácticamente inexistente. El PP apenas ha tenido que hacer nada, han bastado en este caso la judicatura y los medios.

Euskal Herria no está libre de la violencia sexual, que plantea retos de país de envergadura, pero la correlación de fuerzas para encararlos es notablemente diferente, por lo que conviene no quedarse de brazos cruzados ante el triste espectáculo estatal. Hay trabajo para consolidar el sentido común feminista que se va abriendo paso y traducirlo en normas y consensos propios sobre la materia.