Extendido uso espurio de los recursos públicos

En 2020, el anterior director general del SPRI, Alexander Arriola, abandonó la administración pública y al día siguiente fichó por una empresa privada con la que había tenido relaciones durante su mandato. Un año más tarde, el viceconsejero de Infraestructuras y Transportes, Luis Pedro Marco de la Peña, firmó un contrato directo con la empresa en la que había trabajado antes de su nombramiento. Dos ejemplos de una conducta que a todas luces está ampliamente extendida en la administración pública vasca. Todo indica, además, que es independiente del partido de la coalición responsable del área en cuestión. Forma parte de una forma de entender lo público como un instrumento al servicio de intereses personales y partidistas.

Se alegará que en ambos casos se trata de actuaciones totalmente legales y se explicará que no se ha infringido ninguna ley. Y así será, porque en caso contrario se encargarán los tribunales de dilucidar las responsabilidades. Sin embargo, la política no se limita a cumplir la ley, su principal quehacer es elegir entre diferentes opciones, de optar entre varios caminos y de seleccionar alternativas en función del modelo de país que se quiera proyectar y construir. Y desde ese punto de vista, esas decisiones apuntan a que el proyecto del gobierno de coalición PNV-PSE consiste, básicamente, en poner los recursos públicos al servicio de intereses privados. En ese cuadro, mientras determinadas empresas se benefician de contratos públicos, los cargos políticos utilizan su conocimiento de la administración para su promoción personal en el sector privado, engrasando de este modo las conocidas como puertas giratorias. El bien común y el interés general quedan a merced y totalmente subordinados a esos intereses privados.

Ese uso de lo público sirve además a los partidos del Gobierno de Lakua para crear una red clientelar de mutuos favores que da soporte a su poder y desvirtúa los procesos de elección. El problema, en definitiva, no es la legalidad sino la utilización ilegítima de los recursos públicos en propio beneficio. Una práctica que supone una enorme carga económica y democrática toda la sociedad y que debe ser erradicada.