Desde su puesta en marcha en 2013, la Comisión de Ética Pública ha estudiado 83 casos. Entre todos ellos, sólo ha considerado contrarios al código 3 casos. En uno de ellos se forzó el cese del cargo denunciado, en otro prohibió que se consumara un contrato y en el tercer obligó a publicar una amonestación en el BOPV.

En sus diez años de existencia la CEP solo ha determinado en un caso que la actuación de un alto cargo fuera contraria al Código Ético y ha recomendado su cese. Y lo hizo pidiendo al Gobierno una graduación de las medidas que podía recomendar, porque le parecía excesiva. Fue el caso de Agustín Elizegi, responsable de EJIE, la sociedad pública de Informática, que trabajó los tres años anteriores en la empresa para la que luego firmó una contrata de 1,4 millones. El CEP no lo vio ilegal, pero sí aseguró que se tenía que haber abstenido.

En otro caso, de 2015, la persona que debía firmar un contrato encontró que el proyecto con mejor valoración tenía como «corresponsable» un vocal de la comisión designado como experto. La CEP prohibió a la autora de la consulta consumar la adjudicación, porque existía un conflicto evidente.

La tercera sanción es la relacionada con la información que acompaña a estas líneas, y se resolvió con la petición de que se publicara en el BOPV que el alto cargo había incurrido en un «cumplimiento insuficiente» del Código, aunque podría haber supuesto también su cese.

Puertas giratorias

En 2021, la Comisión de Ética Pública tuvo que analizar un caso de puerta giratoria: la del consejero de Salud Jon Darpón, su vicenconsejera Fátima Ansotegi y la subdirectora de Calidad Asistencial Mayte Bacigalupe. Los tres recalaron en el grupo Keralty, multinacional liderada por el empresario Joseba Grajales, algunas de cuyas empresas participadas habían tenido pública relación con la Consejería de Darpón.

Pero la Comisión Ética encontró un razonamiento para quitarse de en medio cuando le pidieron que fijara posición sobre el tema. Determinó que no podía decir nada sobre Jon Darpón o Fátima Ansotegi porque en ese momento ya no eran cargos públicos. En el caso de la subdirectora, apuntó que en ningún caso fue un cargo sometido al Código Ético.

Otro de los casos mediáticos tratados por el CEP fue el de las vacunaciones VIP del Covid-19. Analizó sólo los datos que le remitió la consejera Gotzone Sagardui y llegó a afirmar que «no le corresponde poner en cuestión» las explicaciones que había dado, aunque estaba demostrado que eran parciales y recortadas. Su conclusión fue que «la interesada no ha contravenido los preceptos relativos a los valores, principios y comportamientos recogidos» en el Código.