Seúl y Tokio zanjan la crisis, no la justicia, por la indemnización a esclavos de guerra

Corea del Sur ha consensuado con Japón un plan para compensar a personas esclavizadas por empresas niponas en la II Guerra Mundial, una propuesta que puede reparar lazos en plena pujanza china y desafío norcoreano pero criticada por las víctimas y la oposición.

El plan para compensar a 15 surcoreanos obligados a trabajar sin remuneración para dos empresas japonesas durante la Guerra del Pacífico ha despertado críticas por parte de algunas víctimas o sus familias al basarse en un fondo financiado con dinero de empresas surcoreanas y no japonesas.

En 2018 el Tribunal Supremo surcoreano reconoció el derecho de estas 15 personas a recibir indemnizaciones por parte de la acería Nippon Steel y la división de industria pesada de Mitsubishi, y la decisión abrió la puerta a que, ante la negativa de ambas empresas a acatarla, las autoridades expropiaran activos de sus subsidiarias surcoreanas.

En represalia, Tokio impuso controles a la exportación a su vecino de materiales clave para la fabricación de chips y pantallas -dos principales puntales del músculo exportador surcoreano- y retiró a Seúl de su lista de socios comerciales preferentes, lo que hizo que la relación bilateral viviera su peor momento en décadas.

Seúl retirará su protesta ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por ese boicot y ambos países mantendrán consultas para retornar a la normalidad aduanera.

La llegada al poder el año pasado del conservador Yoon Suk-yeol ha sido clave, puesto que entre sus promesas se contaba enmendar la relación con el vecino nipón, en un momento en el que tanto Seúl como Tokio observan con especial atención lo que sucede en torno a Taiwán.

El plan ha sido rechazado por algunas víctimas, a las que ampara la ley surcoreana para seguir exigiendo una indemnización que proceda de las arcas de las empresas japonesas.

Y es que el plan busca recolectar donaciones «voluntarias» de empresas como la acería surcoreana Posco, que fue una de las principales beneficiarias de un paquete de ayudas por 300 millones de dólares que Tokio ofreció a Seúl para el establecimiento de relaciones bilaterales en 1965.

Tokio defiende que todas las indemnizaciones quedaron resueltas en ese tratado bilateral. Japón quiso gestionar entonces directamente las compensaciones, pero el Gobierno surcoreano, en manos en ese momento del general golpista Park Chung-hee, insistió en manejar esas ayudas, que acabaron sirviendo para financiar a Posco, hoy una de las mayores empresas surcoreanas, o para la construcción de la principal autopista del país.