Londres cierra más puertas a las peticiones de asilo

En el límite de la legislación internacional, el Gobierno británico continúa con la ley que prevé expulsar a migrantes que lleguen en patera por el canal de La Mancha o deportarlos a Ruanda.

El Gobierno británico presentó ayer un proyecto de ley contra la inmigración que prevé prohibir pedir asilo a quienes lleguen en patera por el canal de La Mancha, asumiendo que la norma se encuentra en los límites del derecho internacional.

La ministra de Interior, Suella Braverman, defendió ante el Parlamento la nueva ley con la que el Gobierno quiere deportar «rápidamente» a quienes lleguen a territorio británico, aunque ello suponga acometer expulsiones antes de resolver una petición de asilo o deportar a migrantes a terceros países, como Ruanda.

El principal objetivo del Ejecutivo es frenar el flujo migratorio en el canal de La Mancha, al que se atribuyeron en 2022 más de 45.000 llegadas. Al menos 44 personas murieron en esta zona el año pasado, mientras que este año ya han perecido al menos 13, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Braverman abogó por «detener los barcos que están llevando a decenas de miles de personas a las costas», para lo cual puso sobre la mesa una ley que preocupa a las organizaciones defensoras de derechos humanos pero que, según Londres, respeta en todas sus variables el derecho internacional.

Gran Bretaña se atribuye el «deber» de expulsar a quienes intenten acceder al país de forma irregular y tan solo permitirá que se queden y demanden asilo aquellas personas con un «riesgo real de daños graves e irreversibles», menores de edad o enfermos graves. El resto serán expulsados con efecto inmediato, y no necesariamente a su país de origen. La nueva norma prevé que, hasta la expulsión, los migrantes puedan permanecer detenidos hasta 28 días sin necesidad de comparecer ante un juez, mientras que se establecerá una cuota anual -aún por determinar- para limitar la acogida de refugiados.

«No responder a las olas de migrantes ilegales que cruzan nuestras fronteras sería traicionar la voluntad del pueblo que nos ha elegido», argumentó Braverman, que defendió, no obstante, el compromiso del país para acoger a personas que huyen de zonas en conflicto como Ucrania o Afganistán.

El Partido Laborista teme que esta nueva legislación acreciente el «caos» migratorio. «Necesitamos una acción seria para frenar los peligrosos cruces de barcos (....), pero lo de hoy es como el día de la marmota», afirmó la opositora Yvette Cooper en la Cámara de los Comunes.

Gran Bretaña votó el año pasado una ley para expulsar a Ruanda a quienes demanden asilo, pero el proyecto, bloqueado por la Justicia europea, se encuentras en punto muerto.

Para la oposición laborista, el proyecto de ley busca desviar la atención antes de las elecciones locales de mayo, en un contexto en el que la popularidad de los conservadores está en horas bajas tras trece años en el poder.