Se cumplen 47 años del ametrallamiento por parte de la Guardia Civil de Felipe Suárez y Federico Astilleros entre Zarautz y Zestoa. Felipe murió a los dos días a causa de un «traumatismo craneoencefálico con hemorragia cerebral producida por arma de fuego». Federico tuvo más suerte y la bala que impactó en su brazo pudo ser extraída por los médicos de la Cruz Roja en Donostia.

Entre 2015 y 2021 este caso de violencia política del Estado ha sido rescatado del olvido mediante diferentes iniciativas, con la participación de los familiares y el reconocimiento por parte del Gobierno Vasco de la condición de víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Es un caso, en consecuencia, aparentemente resuelto, en tanto que mediante estas iniciativas han dejado de ser invisibles, al menos en el ámbito vasco.

Asimismo, gracias a toda esta labor sabemos que la Guardia Civil mintió, que allí no había ningún control, que se trataba de una emboscada (una más, pero no la última) contra supuestos militantes de organizaciones armadas. Tal y como reconocen las instituciones vascas, estas acciones violentas protagonizadas por agentes policiales y militares del Estado extendieron un clima de terror entre la población; pero además, según los datos recabados por la historiadora Sophie Baby, causaron la muerte de al menos 139 personas en «incidentes policiales» en aquella modélica Transición.

También conocemos las secuelas que la herida de bala dejó de por vida a Federico, y las presiones a las que se vio sometido para que declarara de conformidad con la versión oficial. Pero no, «¡ahí no había ningún control!». Peor aún, Valentina, viuda de Felipe, regresó a Palencia con dos hijos menores, cayendo en el olvido más absoluto durante décadas.

Sin embargo, en esta reconstrucción de los hechos quedaban algunas lagunas, vacíos propiciados por el cerrojo de los archivos. Ese obstáculo se ha rebasado en parte 47 años después con el acceso parcial hace apenas un mes a las diligencias previas 72/76 y 127/76, instruidas por un Juzgado Militar. Ahora sabemos que los mismos compañeros de armas que los agentes implicados, pusieron en marcha una causa judicial (72/6) contra Felipe y Federico, por un delito de «desobediencia» e «insulto a la Fuerza Armada», sobreseído al comprobarse que el acusado principal (el conductor del vehículo) había fallecido. Un proceder habitual de la dictadura franquista antes y después de muerto el dictador, en el que las víctimas se convertían en culpables y los culpables en jueces.

Conocemos, además, que fueron como mínimo tres los guardias civiles implicados, un cabo y dos guardias segundos. El primero de los agentes que visualizó el Seat-124 en el que viajaban las víctimas disparó hasta en seis ocasiones, el último en la línea de la planificada emboscada (una más) efectuó 17 tiros. 23 en total.

Sin embargo, aun habiendo transcurrido 47 años, los expedientes han sido recibidos con los nombres de los agentes implicados tachados por lo que no podemos conocer su identidad. ¿Alguien imagina, más allá de la imposibilidad de emprender acciones legales, la ocultación de los perpetradores de una muerte similar si las víctimas fueran guardias civiles y los victimarios supuestos militantes subversivos?

Pero al menos ahora somos conscientes de la brutalidad que se desprende de la acción. 23 disparos. 23 tiros de agentes anónimos (impunes) cuyo máximo responsable era Antonio Tejero, en aquel entonces teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Donostia. Sí, el mismo, el golpista del 23F, quien cuatro años antes determinó en la causa 127/76 que 23 tiros eximían de toda responsabilidad a los agentes que mataron a Felipe e hirieron a Federico, «ya que los miembros de la Guardia Civil actuaron en cumplimiento de su deber».

Vivimos en una sociedad plural, con derecho y madurez suficiente para tener acceso a un conocimiento integral y no parcial de los hechos. Y en esa labor, los historiadores cumplimos una función fundamental, siempre y cuando actuemos con honestidad y podamos trabajar sin trabas.