El punitivismo como solución y la alarma social generada por las reducciones de condena a los casi mil agresores (buena parte de ellas no sustanciales) han pesado más que las ventajas que traía la modificación de la tipificación penal de los delitos sexuales. En vísperas de las elecciones, y después de dar un mensaje claro de que esta es una orden personal de Pedro Sánchez, el PSOE ha introducido, junto con el PP, PNV y Junts, una serie de modificaciones a la llamada ley «del solo sí es sí» que, aunque han defendido como técnicas, afectan de modo sustancial a la nueva regulación aprobada en septiembre del año pasado.

La ley del «solo sí es sí» constituye uno de los proyectos estrella de Podemos. La formación morada había cogido esta bandera, precisamente, a raíz de un suceso que tuvo lugar en Euskal Herria: la violación de La Manada. La primera sentencia del tribunal de Iruñea, donde no se calificaron como violación unos hechos tan reproducidos hasta el más mínimo detalle por los medios de masas, generó una oleada de indignación que metió en agenda una urgente modificación legal.

La normativa bajo la que se juzgó a La Manada exigía la concurrencia de violencia o intimidación para que un delito sexual fuera calificado como «agresión». De otro modo, se consideraba abuso. Esto daba lugar a varias problemáticas, que van más allá de la calificación jurídica de una violación.

De un lado, hacía que la carga de la prueba recayera en la víctima, pues muchos jueces exigían que hubiera algún tipo de resistencia para entender que, efectivamente, se trataba de una agresión.

Asimismo, generaba cierta impunidad para aquellos casos en los que se daba una agresión sin necesidad de golpear o intimidar. El ejemplo más claro -y más común en la práctica- es el de la sumisión química. Dado que la víctima no se entera por tener anulada su facultad de raciocinio, siempre se considerará abuso.

Cabe recordar que la mayor parte de las agresiones por sumisión química son oportunistas, esto es, el agresor no droga intencionalmente a la víctima, sino que se aprovecha de que está inconsciente o semiinconsciente para cometer el delito.

De este modo, la ley «del sí es sí» superaba estos defectos, centrándose en el consentimiento expreso. La violencia no era lo relevante, sino que el elemento central es que haya un consentimiento. Y tal consentimiento, siguiendo con el ejemplo, en las sumisiones químicas jamás puede darse.

CAMBIOS INTRODUCIDOS

La propuesta que vio luz verde ayer en la comisión específica del Congreso vuelve a incorporar un subtipo agravado para cuando existe violencia o intimidación. No vuelve exactamente al esquema anterior, sino que constituye una hibridación extraña.

De hecho, no parece haber consenso entre los juristas sobre el resultado. Esto acostumbra ser peligroso en el sentido de que la aplicación de los tipos y los subtipos penales que generará la reforma se aclarará según se vaya generando jurisprudencia. Serán los jueces, por tanto, quienes vayan viendo sobre cuáles de los preceptos acaban asentando sus sentencias. De modo que, una lectura conservadora tiene el potencial de acercarse mucho a un modelo que se creía superado. Una visión más abierta, puede que no resulte tan determinante.

Este cambio es el hecho nuclear del conflicto, aunque en el dictamen que se cerró ayer en comisión parlamentaria se incluye algún elemento más. Estos, ya sí, ciertamente técnicos como la sustitución en el punto 178 de «circunstancias por modalidades» o las modificaciones pertinentes para no dejar sin castigo a las personas jurídicas que se aprovechen de un trato degradante (elemento terriblemente relevante para la persecución de cierta pornografía en internet).

Lo que sí quedó patente es que la reforma de la ley -que ha sido objeto de un escándalo mediático antes y después de su aprobación- supone un grave desencuentro entre PSOE y Podemos, que han dedicado semanas sin éxito a tratar de buscar una salida negociada a la imagen negativa que se construyó de la ley en función, únicamente, de las revisiones a la baja de condenas.

La ministra Irene Montero avanzaba que los cambios que se han introducido de la mano del PP «tendrá un enorme coste para las mujeres».

A lo largo de las negociaciones, ha habido varias propuestas de uno y otro lado para que se tratara de una modificación consensuada. A Podemos le iba en ello también su prestigio de cara a la contienda electoral de mayo, por lo que presentó un último texto con la violencia como agravante, pero que el PSOE rechazó asegurando que dispararía el punitivismo de los tipos penales.

También ERC y EH Bildu trataron de salvar los avances que había aquilatado la norma aprobada en septiembre pasado. Ambas formaciones entendían que había que preservar la esencia de la norma, la sustitución de la violencia en favor del consentimiento como el elemento central para la categorización de las conductas.

En opinión de estas formaciones, la propuesta de PSOE y PP «desplaza» el giro que se había dado y recupera los parámetros de funcionamiento previos.

«La ley tal cual estaba hasta ahora emana directamente de las peticiones que hace el movimiento feminista. Creíamos y creemos que se podía abrir una via de diálogo para dirimir las discrepancias que había, que era posible hacer los retoques técnicos necesarios manteniendo el espíritu y el pilar de esta ley, que es el consentimiento», sostuvo la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua.

Según manifestó, rescatar la idea de la violencia como determinante pondrá a las mujeres otra vez en la tesitura de demostrar «si nos resistimos lo suficiente o no».

La coalición soberanista es absolutamente pesimista con el resultado final que han acordado.

Aunque formalmente hay tiempo para dar marcha atrás, en la práctica todo irá rodado. Mañana el Congreso validará lo que se ha negociado en la comisión (con abstención de Vox) y la semana próxima, el Senado acabará validando la reforma con ese rodillo que tienen PP y PSOE.