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DIAGNÓSTICO DESDE EL MOVIMIENTO CIUDADANO DE BILBO

Colectivos vecinales exponen las necesidades de los barrios

A las puertas de la campaña electoral, la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbo mantiene contactos con las diferentes candidaturas para exponerles las reivindicaciones de los barrios. PSE, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP han respondido al ofrecimiento, que el PNV ha declinado.

Imagen de la última manifestación de los barrios del sur de Bilbo pidiendo ser tenidos en cuenta por el Ayuntamiento. (Jaizki FONTANEDA | FOKU)

La Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbo ha iniciado una ronda de contactos para presentar las propuestas que realizan a los grupos políticos que concurren a las elecciones municipales respecto a las necesidades de los diferentes barrios.

De las cinco formaciones con más posibilidades de volver a tener representación en el Consistorio, tan solo el PNV ha declinado reunirse. Juan Mari Aburto ha vuelto a repetir la fórmula de visitar los distintos barrios del Botxo, acompañado de militantes jeltzales, con su cuaderno rojo en mano apuntando aquellas cuestiones que preocupan, aunque evita a las asociaciones vecinales que son críticas con muchos aspectos de su gestión.

El resto de candidaturas se van a reunir con los colectivos. Las primeras en hacerlo han sido EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, aunque PSE y PP también se han comprometido a escucharles.

A lo largo de 32 páginas, exponen la vieja reivindicación de los barrios del sur de poder disponer de una línea de metro de la plaza Elíptica a Errekalde, así como la reestructuración de las rutas de Bilbobus para que atiendan las necesidades de la periferia, aumentando frecuencias en algunos trayectos y creando nuevos.

Olabeaga pide que se reconfigure el proyecto del tranvía de Zorrotzaurre, que plantea la construcción de un puente entre este histórico barrio y la isla, teniendo en cuenta el impacto que va a causar en el paisaje urbano, además de anular la navegabilidad de otra parte de la Ría.

También en materia de movilidad, se aboga por proyectar una red de bidegorris que conecten los barrios y la habilitación de puntos de préstamo de bicicletas eléctricas en aquellos que aún no tienen. Peñascal, Artazu Bekoa o Olabeaga solicitan la implantación del servicio de OTA, al objeto de regular el aparcamiento, como se va a hacer en julio en Arangoiti.

Una de las propuestas de más transcendencia es la actualización del Reglamento de Participación Ciudadana, que data de 1989, a través de un proceso que «garantice la pluralidad y la horizontalidad en la toma de decisiones».

CONSEJOS DE DISTRITO

En este ámbito, ven imprescindible adaptar el Reglamento de los Consejos de Distrito y el de las comisiones de trabajo en el que participan agentes sociales y vecinales a las necesidades de estos, garantizando que sean «espacios respetuosos, con una representación plural y en los que la toma de decisiones tengan un carácter vinculante». Las asociaciones vecinales se vienen quejando del «ninguneo» institucional de décadas.

Otro de los temas que marcará la campaña es la seguridad y ahí las asociaciones apuestan por un modelo policial de cercanía, «descentralizado y que colabore con los agentes sociales y vecinales para garantizar la convivencia». Además, consideran que los denominados Talleres de Seguridad Ciudadana, creados a raíz del pacto rubricado por la mayoría de grupos políticos, deben ser «espacios horizontales» donde todos deben tener oportunidad de aportar.

Reclaman un modelo de urbanismo que se adapte a las necesidades de las personas y ponga las vidas de la gente en el centro, «garantizando la calidad de vida en nuestros barrios y eliminando todas aquellas muestras de arquitectura hostil». Se aboga, por ejemplo, por el desarrollo del Plan Especial de Elorrieta o el de Artxanda para responder a las necesidades del vecindario y no otros intereses privados, como vienen denunciando desde Deustuibarra.

En Olabeaga se reivindica un plan de regeneración urbana que afecte a todo el barrio, ya que el actual únicamente afecta a los terrenos ocupados en el pasado por los laboratorios Labein, donde se pretenden edificar de 400 a 600 viviendas pero que consideran que no está integrado en la trama urbana del histórico enclave.

En el documento que han compartido con diferentes grupos políticos se aboga por reactivar los mercados de barrios «como espacios para actividades de economía circular y trueque», al margen de la apuesta decidida por el consumo en el comercio pequeño de los barrios.

Defienden el uso del espacio público por la ciudadanía, evitando su privatización y fomentando la peatonalización de algunas calles o que se cubran frontones como los de Deustu, Arangoiti o Otxarkoaga. En el caso del parque de Etxebarria, donde se impulsa un proyecto de reurbanización, abogan por que se atiendan las necesidades del vecindario.

Advierten de que las limitaciones establecidas por el Gobierno municipal para el uso del espacio público comprometen en algunos casos el derecho de reunión y manifestación. También se reivindica la necesidad de que se garantice el aprendizaje del euskara y que se fomente su uso en la vida cotidiana.

Se reclama mayor inversión en actividades culturales y fiestas populares en los barrios organizadas por el propio tejido asociativo. Además, se pide que se garantice una programación cultural descentralizada apoyando a diferentes colectivos.

CASA DE LAS MUJERES

A los futuros responsables del Consistorio bilbaino les instan a desarrollar el proyecto de Casa de las Mujeres, un espacio que definen como de encuentro, reflexión y organización del movimiento feminista y los colectivos que trabajan en este ámbito en los barrios.

Asimismo, apuestan por la actualización del Mapa de la Ciudad Prohibida, donde se señalan los puntos negros para las mujeres y se reivindica que la perspectiva feminista impregne los nuevos proyectos urbanísticos, así como la rehabilitación de los espacios degradados.

Plantean que se aumenten los recursos destinados a cubrir los derechos y necesidades básicas de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Estiman fundamental dotar de mayores y mejores recursos y herramientas a proyectos que fomentan la inclusión social, así como a generar redes vecinales de solidaridad y apoyo comunitario.

Para garantizar el derecho a una vivienda digna, se inclinan por movilizar el parque de vivienda vacía al objeto de convertirlo en vivienda pública y fomentar su uso para colectivos con dificultades de acceso, como los jóvenes.

En Artxanda, se propone que edificios de propiedad municipal, como el antiguo restaurante San Roque u otros que se puedan disponer, se destinen a usos vecinales, como por ejemplo un centro con espacios polivalentes. En Atxuri, se propone la habilitación de la antigua estación de tren para uso comunitario.

Exigen que se limite la proliferación de viviendas turísticas para evitar la gentrificación y el aumento del precio de la vivienda, incrementando las inspecciones y decretando una moratoria en la concesión de licencias en áreas como el Casco Viejo y San Francisco-Bilbao la Vieja-Zabala. Además, piden que se promuevan políticas para la regulación del alquiler.

Se oponen abiertamente a la apertura del vertedero de Artxanda y reclaman el traslado de Sader de Zorrotza. También se pide una mayor implicación municipal para que la Diputación cumpla con los plazos previstos para el derribo del viaducto de la autopista sobre Errekalde.

EL PAGASARRI NO ES UN PARQUE, ES UN MONTE

Además, se reclama que se salvaguarde el Pagasarri y su entorno para que mantenga su esencia silvestre y no se convierta en un parque urbano. En términos similares se vienen pronunciando los ecologistas sobre el área de Artxanda, donde Ekologistak Martxan ha exigido que se retire la pasarela que se está instalando en la ladera del monte Elorriaga, que no tiene estudio de impacto ambiental.

Preocupa que las necesidades sanitarias se vean cubiertas, acabando con los recortes en Osakidetza y reivindicando la ampliación de centros de salud como el de San Inazio. En materia educativa, defienden la apertura de patios de centros públicos fuera del horario lectivo y diseñar un programa de actividades lúdicas y de ocio alternativo para la infancia y adolescencia.

En Buia, se demanda la protección del patrimonio histórico después de que las obras de conexión entre la Supersur y la AP-68 hayan destrozado el camino real y el palacio Seberetxe «se cae a pedazos por su nulo mantenimiento».