La Ley de Vivienda, aprobada con el apoyo de EH Bildu y el «no» del PNV

La Ley de Vivienda pactada por el Gobierno español, ERC y EH Bildu salió adelante en el Congreso con el objetivo principal de frenar la desregularización que beneficia a los grandes propietarios.

El Congreso dio ayer luz verde a la Ley de Vivienda pactada por el Gobierno español con ERC y EH Bildu. Supondrá un cambio de paradigma puesto que, entre otras cuestiones, establecerá un tope del 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024 y considerará como grandes propietarios a quienes posean cinco o más inmuebles en un área tensionada, a los se les aplicarán las medidas destinadas a evitar la especulación y el acaparamiento de inmuebles por parte de los «fondos buitre».

Frente a la norma se posicionaron las formaciones de derecha PP, Vox, Ciudadanos, Junts, PDeCAT y PNV, que optó finalmente por el «no», declinando la opción de la abstención. Lo justificó con una supuesta invasión de competencias, argumento que no expuso en el primer momento pero al que ha ido dando fuerza posteriormente, y que contrasta con la opinión de juristas de referencia en Euskal Herria como Juanjo Álvarez.

Tras la sesión, el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, abrió la puerta a un recurso de constitucionalidad por parte de Lakua. Se sumaría al que sin duda presentará Vox, como tiene por norma, y probablemente también a otro del PP, que ya llevó al TC la ley catalana.

En el debate, EH Bildu definió la nueva norma como un «paso corto pero necesario, ya que la alternativa era la desregularización y que los grandes propietarios siguieran campando a sus anchas», según destacó Oskar Matute.

El diputado vizcaino puso en valor que la ley reconoce el derecho a la vivienda, topa los alquileres y frena abusos para garantizar ese derecho, además de evitar desahucios e impulsar el alquiler social.

RÉPLICA A VOX Y ADANERO

Matute explicó que los votos de ERC y EH Bildu eran necesarios para aprobar esta ley y que por eso han negociado con el Gobierno. Y replicó al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros; y al candidato del PP al Ayuntamiento de Iruñea, Carlos García Adanero; que han situado esta norma como una cesión «al brazo político de ETA», señalando que «hay sectores de la ultraderecha que comprarán su relato, pero hay cientos de miles de personas en el Estado español que no lo hacen, como quienes dijeron ‘fuera fascistas de nuestro barrio’ en el estadio de Vallecas a la candidata de Vox».

El electo de EH Bildu destacó que se trata de una ley habilitante, ya que otorga la capacidad para hacer, y lamentó que hasta ahora las administraciones autonómicas no hayan actuado por falta de voluntad política. Rechazó que esta norma vaya a provocar un aumento de la okupación, recordando que esta práctica ha bajado en los últimos años, según el CGPJ, mientras que han aumentado los desahucios.

Matute se refirió a la afirmación de que esta ley supone una invasión competencial, según el argumentario del PNV, recordando que la Ley de Vivienda de la CAV, que no apoyaron los jeltzales, permite gravar viviendas vacías, expropiar las pertenecientes a los bancos que están vacías o obligar a sacar al mercado de alquiler las casas sin ocupar. «No se ha hecho nada de eso, aunque se podía hacer», insistió el diputado soberanista.

«INVADE COMPETENCIAS»

Iñigo Barandiaran, en nombre del PNV, denunció que esta ley busca marcar a las comunidades autonómicas las políticas de vivienda que tienen que llevar a cabo. «Esta ley se extralimita en sus facultades e invade competencias de las comunidades autónomas», insistió, poniendo en valor la política de vivienda «decidida libremente en la CAV» hasta el momento, mencionando hitos como «el reconocimiento del derecho subjetivo, la creación de un parque público de alquiler que supone el 26% del Estado, la calificación permanente de la VPO o la reserva de suelo para vivienda protegida».

Junts y PDeCAT, tal y como hizo el PNV -que retiró sus enmiendas-, denunciaron un proyecto que calificaron de invasión competencial, mientras que Mireia Vehí (CUP) rechazó la norma porque es «un caballo de Troya del PSOE para que el mercado siga siendo el que marque la política de vivienda». La diputada independentista recordó que ley catalana suspendida por el Tribunal Constitucional sí que establecía mecanismos para regular el mercado.

«PIERDEN LOS BUITRES»

Desde el Gobierno español, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, subrayó que con esta ley «pierde la banca y pierden los buitres, mientras que gana la gente».

Belarra puso en valor el trabajo de cientos de activistas del movimiento por la vivienda digna que han reivindicado que «las casas son para vivir, no para especular» y que se han enfrentado a desahucios «cuando podía suponer recibir violencia».

Tras subrayar que gracias al esfuerzo de generaciones precedentes en el Estado español hay una sanidad y una educación públicas, Belarra abogó por que «el legado que dejemos a la próxima generación sea garantizar el derecho a la vivienda».

«El mercado de la vivienda ha sido la ley de la selva», proclamó la ministra navarra de Podemos, que añadió que «el ‘coliving’ es pobreza, algo muy viejo y muy arcaico». Junto a ello, destacó que «hoy no termina nada» y abogó por seguir trabajando para que la ley se aplique en todos los territorios del Estado español.