Que negocien y acuerden la mejor ley de educación posible, que luego hay mucho trabajo

La Ley de Educación de la CAV está sufriendo para salir adelante. Es normal. Es una ley muy importante, seguramente la más relevante de los mandatos de Iñigo Urkullu. Al consenso inicial del pacto educativo le siguieron las críticas al primer borrador, y estas han derivado en algunos desmarques nada más aprobarse el proyecto de ley en el Consejo de Gobierno de Lakua.

PNV y EH Bildu apoyan la norma desde diferentes perspectivas que deberán aclarar. Al PSE le gustaría que la ley no se aprobase y EP-IU favorece esa posición. La opinión de la derecha española es irrelevante, pero siempre puede promover el veto del Estado.

El contexto electoral -sindical e institucional-, no es el más apropiado para pactar una norma tan estratégica. Hay muchos intereses, nervios y poco tiempo. Lo esencial para sacar adelante una ley así, la voluntad política, va por barrios y por semanas.

HAY QUE EVITAR LA MALA EDUCACIÓN

Paradójicamente, el primer desplante ha venido de parte del PSE, socio del Gobierno. Su responsabilidad directa sobre la ley no impidió que Eneko Andueza se mostrase muy duro contra el proyecto, a pesar de que en su redacción se ha priorizado el articulado referido a la segregación y la centralidad de la educación pública. Pero el PSE quería poner el foco sobre el euskara, para lo que no tuvo empacho en mentir y decir que los modelos garantizan su conocimiento.

En la acepción coloquial de «educación», la referida al respeto, las formas utilizadas por Andueza y su partido dejan mucho que desear. Primero, es desleal hacer una lectura tan negativa sin avisar de antemano al consejero encargado, Jokin Bildarratz. Insistir al día siguiente en la polémica y desautorizar al consejero, invitándole a hablar con el lehendakari para enterarse de lo que pasa, es desagradable.

Hay una parte clara de pantomima electoralista. PNV y PSE tienen la necesidad de marcar perfil propio, aunque ambos se repartan el poder y los recursos sin tapujos. Pero ser faltón no debería puntuar.

Esto sirve igual para el debate educativo. Por ejemplo, meter en el mismo saco a un colegio del Opus de un barrio de clase alta y a una ikastola de un pueblo, o a un centro de FP de origen cristiano y a un colegio inglés, es ridículo e hiriente para mucha gente.

PERSPECTIVA INTERGENERACIONAL Y DE PAÍS

Pese a polémicas y exabruptos, el mandato sigue vigente: hace falta una ley que garantice la calidad, la equidad, la capacidad para integrar y euskaldunizar de la educación vasca. Esta norma es estratégica para afrontar los retos sociales y culturales, para ordenar la reconversión del sistema educativo y para remontar la decadencia del país. Hay que frenar la inercia de quienes desean dilatarla o vetarla. Sus intereses son opuestos a los de las generaciones venideras de ciudadanos y ciudadanas vascas. Este es el momento en el que todas las fuerzas vascas deben negociar la mejor ley que puedan acordar.

Si se logra, el trabajo que quedará por hacer será inmenso, titánico. Supondrá una reordenación de organigrama educativo, de las relaciones internas y externas de la comunidad educativa, lo que implicará a todas las instituciones vascas. Es más fácil demandar perfiles que encontrar las fórmulas para que toda la comunidad educativa los consiga. Es más sencillo exigir condiciones sociolaborales que adaptarse a las nuevas realidades y funciones.

Este cambio demandará otra revolución pedagógica, nuevas formas de educar y evaluar en base a esos objetivos renovados, que no son sencillos de conseguir. Obligará a un ejercicio comunitario de experimentación. La Ley de Educación supone un proyecto ambicioso e ilusionante para toda Euskal Herria, para su ciudadanía y para la cultura vasca.