El caso por el que el expresidente estadounidense Donald Trump fue declarado culpable ayer no es el único proceso judicial abierto contra el magnate neoyorquino, que tiene pendientes varios más por delitos de carácter político y económico, además de su reciente imputación por ocultar sobornos pagados a la actriz de cine porno Stormy Daniels a cambio de silenciar un supuesto escarceo sexual.

Trump, que en noviembre anunció su candidatura a las primarias republicanas de cara a las elecciones presidenciales de 2024, puede ver sus objetivos políticos seriamente obstaculizados si prosperan algunos de estos casos pendientes, entre los que el más grave es el relacionado con el asalto de sus seguidores al Capitolio.

ASALTO AL CAPITOLIO Y DOCUMENTOS CLASIFICADOS

En noviembre pasado, el Gobierno de Estados Unidos anunció el comienzo de una investigación para determinar la posible implicación de Donald Trump en el asalto al Capitolio, más otra pieza separada en relación a los más de 11.000 documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago (Florida).

La Fiscalía quiere esclarecer si el entonces presidente instigó a sus seguidores para que estos irrumpieran en el Capitolio con el fin de evitar la certificación de la victoria de Joe Biden. Las pesquisas se centrarán en averiguar si hubo una o más personas que «interfirieron en el traspaso de poder» y en el proceso de ratificación de Biden como presidente el 6 de enero de 2021 en el Congreso, tras ganar los comicios de 2020 frente a Trump.

Otro caso penal al que podría enfrentarse está siendo investigado en Georgia, donde la Fiscalía estudia los intentos de Trump de anular los resultados de las presidenciales de 2020 en ese estado. La investigación se centra en parte en una llamada telefónica que hizo al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, el 2 de enero de 2021. Según la fiscalía, le presionó para encontrar los votos necesarios para anular su derrota electoral y así cancelar la victoria de Biden.

Finanzas y empresas Más allá de los procesos dirigidos directamente contra Trump, la fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, lo acusa a él, a su empresa y a varios de sus hijos de manipular de manera fraudulenta el valor de los activos de la empresa familiar durante años para solicitar préstamos y lograr exenciones de impuestos.

La Fiscalía exige a su compañía, la Trump Organization, el pago de 250 millones de dólares y que tanto Trump como sus hijos no puedan volver a hacer negocios en Nueva York.

En relación con estas prácticas, en diciembre dos compañías de la Trump Organization fueron halladas culpables en un tribunal de Nueva York de varios cargos de evasión fiscal, por pagar a ejecutivos «por debajo de la mesa», dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma que pudieran rebajar su parte sujeta a impuestos.

Las dos compañías declaradas culpables por un jurado en el Tribunal Supremo de Manhattan fueron Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, aunque ni el expresidente ni sus familiares estaban inculpados.

La Fiscalía había acusado a la empresa de operar durante más de 15 años una trama de evasión fiscal, asegurando que esta llegó a los niveles más altos de responsabilidad, frente al argumento de la defensa de que sus orquestadores actuaron en beneficio propio y no en nombre de la empresa.