El Tribunal Supremo de Pakistán ordenó ayer la inmediata liberación del ex primer ministro Imran Khan tras declarar ilegal su arresto del pasado martes, llevado a cabo con un violento operativo militar que ocasionó protestas en todo el país. «Su arresto no es válido y todo el proceso debe revisarse», señaló Umar Ata Bandial, presidente del Supremo, tras examinar una apelación de los abogados de Khan.

La decisión fue tomada en un breve audiencia convocada a última hora por la máxima instancia judicial, que exigió a las autoridades presentar a Khan en la sala en una hora. Los jueces opinaron que no se siguió el debido procedimiento legal en la detención.

El político fue detenido el martes por un caso de corrupción cuando acudía a un tribunal para solicitar la libertad bajo fianza para otros casos presentados en su contra.

Destituido a través de una moción de censura en abril de 2022, sigue siendo popular y espera volver pronto al poder, pero tiene pendientes decenas de casos judiciales, que él denuncia como un intento del Gobierno y el Ejército de impedir su regreso al poder.

«Me trataron como a un terrorista», señaló Khan, que ahora se deberá alojar en una residencia policial, pero no como detenido.

«La nación de Pakistán da la bienvenida a la decisión de la Corte Suprema, indicó el partido del carismático líder, el Pakistán Tehreek-e-Insaf (PTI), tras conocer la decisión.

El PTI respondió el martes a su arresto con un llamamiento a sus seguidores a salir a las calles para protestar, unas manifestaciones que, aunque mayoritariamente pacíficas, degeneraron en ataques a institu- ciones estatales y residencias de oficiales, y en un inédito ataque a sedes del poderoso Ejército paquistaní, al que acusan de haber contribuido a la expulsión del poder de Khan.

Los disturbios causaron al menos ocho muertos y cientos de heridos, además de más de 1.900 detenidos, entre ellos varios líderes del PTI. Las autoridades decretaron varias medidas de excepción y desplegaron el Ejército en el Punjab.