Las elecciones del 14 de mayo determinarán el camino de Tailandia tras el triunfo del opositor Move Forward (MFP), que debe poner fin al Gobierno encabezado desde 2014 por el general golpista Prayut Chan-o-cha. Sus planes pasan por redistribuir el poder político y financiero por todo el país, rompiendo la centralización de Bangkok; apoyar a empresas más pequeñas frente a las grandes compañías monopolistas familiares; poner fin a la influencia de los militares sobre el Senado, acabar con el servicio militar obligatorio o reformar la monarquía constitucional (la ley de lesa majestad), y van a chocar con una dura oposición sistémica.

El autoritario sistema tailandés tiene profundas raíces en la historia de sus tres pilares: la alta burocracia, la monarquía y las Fuerzas Armadas. El giro autoritario fue fortalecido por la movilización política de la clase media urbana. Su número e ingresos habían crecido espectacularmente en el auge de la globalización. Tenían poca empatía o afinidad por la Tailandia rural. A ellos se les unirá, posteriormente, un poder judicial totalmente politizado y al servicio del sistema.

En 1945, la monarquía tuvo que compensar su pérdida de poder absoluto reivindicando una autoridad moral basada en la tradición, separada de la legitimidad de la democracia y las instituciones. El rey Bhumibol se convirtió a partir de 1973 en el árbitro supremo de los conflictos políticos, y se proyectó como el eje de la unidad nacional. A medida que envejecía, adquirió la autoridad única que otorga la longevidad, célebre como el «rey de la rectitud».

Desde la década de 1930 hasta la de 1970, los militares habían impuesto su derecho a gobernar, reforzados por el apoyo de EEUU y su oposición al comunismo. También reclamaban una autoridad moral.

El sistema depende cada vez más de sus herramientas de represión, vigilancia y castigo. Estas condiciones han creado un papel para una fuerza social ausente durante casi medio siglo, la juventud, dando paso al choque entre la esperanza y el conservadurismo.

EL FUTURO DE TAILANDIA Y EL NUEVO PARADIGMA.

La generación que lo dirige todo, mayoritariamente de 60 años o más, creció cuando Tailandia era un país del mundo en desarrollo, predominantemente rural, algo aislado del mundo por su historia e idioma. El espacio público estaba estrictamente controlado, con el nuevo y emocionante medio de masas de la televisión bajo el mando del Ejército y el Gobierno. Bajo la tutela estadounidense durante la Guerra Fría, a los jóvenes se les enseñó a odiar el comunismo, temer a la masa del pueblo y reverenciar a la monarquía como símbolo de la unidad nacional.

Los que tenían entre 30 y 40 años habían crecido cuando la economía estaba en un rápido crecimiento sostenido, la capital estaba siendo transformada por rascacielos y centros comerciales, y la gente estaba siendo redirigida de la agricultura y los negocios familiares hacia nuevas carreras en corporaciones, profesiones, trabajo de fábrica y entretenimiento.

Los menores de 25 años habían crecido cuando Tailandia se había convertido en una sociedad principalmente urbana y Bangkok se estaba transformando en una ciudad global, el rey Bhumibol prácticamente había desaparecido de la vista pública y los enfrentamientos de los «camisas rojas» y «camisas amarillas» mostraron la importancia de la política de masas. Además, la tecnología estaba transformando su mundo.

Las protestas de finales de la década pasada, interrumpidas por la pandemia, se insertaron en la historia de la democracia de Tailandia al calificarse a sí mismos como el Nuevo Partido del Pueblo, haciéndose eco de la revolución de 1932, y rompiendo con la «amnesia» en torno a aquella.

«Queremos recuperar nuestro futuro» era una de las consignas más utilizadas en las protestas junto a un abanico de demandas: la renuncia de Prayut y una nueva Constitución, una lista de 10 propuestas para la reforma de la monarquía, incluida la cancelación de la ley de lesa majestad, la reversión de la transferencia de la riqueza de la Corona y el cese de la «glorificación unilateral» de la institución. Se había roto un tabú de manera espectacular. La reforma de la monarquía se convirtió en la tercera y más destacada reivindicación del movimiento.

El levantamiento juvenil que comenzó en 2020 fue tanto político como cultural, una reacción contra el giro autoritario y una protesta a más largo plazo por la persistencia de la jerarquía, el paternalismo y la impunidad de las élites. Ganó la simpatía y despertó la esperanza no solo entre la juventud, sino también entre gente apegada a los valores democráticos. A corto plazo no amenazó la alianza entre militares, monarquía y dinero. Pero el tiempo es un factor político.

LA PARÁLISIS CONTINUARÁ.

El sistema político actual, que se basa en la institucionalización del monarca como fuente última de legitimidad política, está muriendo, pero aún no ha surgido un nuevo arreglo político que pueda reemplazarlo. La monarquía tailandesa ya no puede brindar estabilidad política. La alianza tradicional de Ejército, servicio civil y élites urbanas nunca fue lo suficientemente cohesionada como para construir un Gobierno autoritario fuerte. En cambio, la alianza real se basa en un poder judicial altamente politizado para mantener el poder, como indica el reciente aumento de los juicios de lesa majestad.

El artículo 112 del Código Penal sigue siendo un arma legal poderosa para silenciar las críticas y los debates sobre la monarquía. Las autoridades han continuado interpretando ampliamente el artículo, estirando la letra de la ley hasta el absurdo (criticar la gestión de la vacuna contra el covid-19, usar blusas cortas o insultar al monarca anterior). Se criminalizan las acciones de activistas a favor de la democracia.

El patrón político predominante es un «círculo vicioso», el retorno perenne del golpe después de que se promulga una nueva Constitución y se lleva a cabo una elección.

El de mayo de 2014 fue el último de una sucesión de más de diez golpes de Estado «realistas» en Tailandia en los 70 años del reinado del rey Bhumibol. Siguió la misma lógica de sus predecesores: la toma del poder de los militares se produjo tras una serie de maniobras realizadas por realistas en el palacio, el Ejército, la burocracia, la prensa y la sociedad civil para presionar a la gente a someterse a la tutela de funcionarios e instituciones no elegidas. Mientras esta disyuntiva continúe, también lo hará la desigualdad, el letargo económico y la polarización sociopolítica del país.

Una transición de manual y bajo control. El golpe de 2014 dio más peso a los actores del sistema actual y fijó mecanismos para garantizar el control de las posibles reformas del futuro. Todos ellos serán los obstáculos que deberán afrontar los intentos de la oposición por formar una alternativa y enfrentar el actual statu quo.

Este régimen suele denominarse «híbrido», pues permite a las élites y los militares mantener sus prerrogativas en la transición. Como resultado, engendra un sistema político «parcialmente libre», lo que conduce a la persistencia autoritaria y dificulta la consolidación democrática.

La Constitución de 2017 incorporó control militar y burocrático sobre futuros Gobiernos electos. Represiva, abusiva y nepotista, la Junta confiará más en la fuerza si sus maquinaciones fracasan. El Ejército sigue siendo un actor prominente en la política tailandesa por su influencia y dominio en la política debido a su conocimiento, monopolio y cohesión.

Para garantizar la supervivencia del régimen, los militares tienen que crear mecanismos tanto políticos como legales, como la Constitución (nombramiento de 250 senadores que, junto a los 500 congresistas, eligen el nuevo primer ministro) y la ley orgánica. Además, existen dos condiciones adicionales: los militares deben controlar los conflictos políticos en el Parlamento y los conflictos que puedan surgir entre facciones dentro del propio Ejército.

La Justicia es una institución aislada y conservadora profundamente arraigada en las estructuras de poder tradicionales y que tiene una afiliación estrecha con la monarquía y las redes elitistas. Quienes están en el poder han utilizado el poder judicial para sus propios fines, explotando así el diseño constitucional tailandés. La Constitución de 2017 acelerará esta tendencia, y hay pocos indicios de que la judicialización de la política vaya a disminuir, con el riesgo asociado de la politización del poder judicial, algo particularmente evidente para la Corte Constitucional.

UN ENGRANAJE INSTITUCIONAL ADECUADO PARA MANTENER EL ESTATUS ACTUAL.

Y basado en una Constitución antidemocrática, en normas y reglamentos políticos para limitar la actividad de partidos opositores, en la elaboración de la Estrategia Nacional de 20 años que restringe la política del futuro Gobierno electo, en el papel del Comando de Operaciones de Seguridad Interna (ISOC), herramienta anticomunista de la Guerra Fría y superpuesto a la estructura administrativa, en el establecimiento del partido del régimen militar para suceder al régimen militar, en el uso de la propaganda política para promover la imagen de los líderes militares y en la expansión de la ideología «antipolítica».

La coyuntura económica tampoco ayudará a la transformación que demanda el MFP. Tailandia ha sufrido una desindustrialización constante, con una caída en la participación de las exportaciones y la inversión en el PIB, mientras que la de los servicios relacionados con el turismo ha aumentado, aunque muy afectada por la pandemia. Este panorama está dominado por agencias centrales de desarrollo económico, que brindan incentivos económicos para grandes empresas, inversionistas y empresarios adinerados en forma de exenciones de impuestos sobre ingresos y ganancias de capital junto con otros beneficios indirectos como protección comercial o monopolios de mercado. Además, los países vecinos se han convertido en claros competidores; China, por capacidad, y Filipinas, Indonesia y Vietnam, por costes.

El proyecto de cambio debe buscar alianzas entre opositores muy diversos, solventar las trabas institucionales del sistema, la presión de los poderes fácticos, y sortear en los próximos tres meses las maniobras del las agencias de arbitraje, como la Comisión Electoral, el Tribunal Constitucional y la Comisión Nacional Anticorrupción, que ya en el pasado han disuelto partidos políticos importantes, han descalificado a representantes electos y emitido otra serie de fallos intervencionistas.