El Salvador no perdona el «caso Ellacuría» y busca al exmandatario

El Salvador sigue sin curar sus heridas 34 años después de la masacre de seis jesuitas y dos mujeres por los militares. El último paso para encontrar justicia lo ha dado la Fiscalía al acusar de autorizar aquellas ejecuciones al expresidente Alfredo Cristiani, en plena ofensiva del Gobierno de Nayib Bukele en su contra por corrupción. Cristiani está en paradero desconocido tras huir del país.

La Fiscalía de El Salvador reactiva el «caso Ellacuría», que sigue sin ver la justicia tras un proceso lleno de altibajos. Ahora apunta al expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), al que acusa de haber permitido que los militares irrumpieran en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) el 16 de noviembre de 1989 para acabar con la vida de seis jesuitas, incluidos los vascos Ignacio Ellacuría y Juan Ramón Moreno Pardo, y de la empleada del teologado Elba Ramos y de su hija adolescente Celina. No va a ser fácil llevar a Cristiani ante los tribunales, ya que se encuentra prófugo de la Justicia tras escapar al extranjero y algunos medios apuntan a que se encuentraría en Europa.

Varios testigos, entre ellos el fallecido general Emilio Ponce, sitúan a Cristiani en la reunión en la que se coordinó y ordenó el operativo militar, y afirman que «él estuvo de acuerdo o autorizó los hechos que desencadenaron esas muertes». Eso a pesar de que, según la Fiscalía, Cristiani llegó a hablar por teléfono con Ellacuría, entonces rector de la UCA, y le aseguró que no se preocupara por el registro que se realizaba y que permaneciera «tranquilo y en el lugar».

Esta acusación contra Cristiani y otras siete personas vinculadas al Ejército ha tenido lugar en plena ofensiva del Gobierno de Nayib Bukele contra el presidente salvadoreño que en 1992 firmó los Acuerdos de Paz con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), poniendo fin a 12 años de guerra civil que dejaron 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos. El pasado jueves, Bukele volvió a tachar de «falsos» esos acuerdos que ni siquiera reconoce y anunció que Cristiani era la primera víctima de su «guerra contra la corrupción», en el marco de la cual las autoridades le han decomisado propiedades, cuentas bancarias, empresas y vehículos por valor de 10,6 millones de dólares.

Días después, en su escrito de acusación, la Fiscalía imputaba a quien gobernó El Salvador durante cinco años por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) los delitos de homicidio, «actos de terrorismo», «conspiración para cometer actos de terrorismo», fraude procesal y encubrimiento.

EL «CASO ELLACURÍA» ESTUVO BLOQUEADO 32 AÑOS,

durante los Gobiernos de Arena y FMLN, que se alternaron en el poder hasta la victoria de GANA y la irrupción de Bukele en 2019.

El primer paso hacia la justicia se dio el 23 de enero de 1992, cuando un jurado condenó en El Salvador a 30 años de prisión al coronel y exdirector de la Escuela Militar Guillermo Alfredo Benavides y al teniente Yusshy Mendoza. Al año siguiente, el 1 de abril de 1993, toda esperanza se diluyó con la aprobación de la Ley de Amnistía General para proteger a los involucrados en delitos cometidos durante la guerra civil. Esa norma dejó libres a los dos condenados, si bien en julio de 2016, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, lo que devolvió a la cárcel al coronel Benavides, quien volvió a recuperar la libertad en noviembre del año pasado tras cumplir diez años de cárcel y debido a su edad.

Hubo que esperar hasta enero de 2022, ya con Bukele en el poder, para reabrir el caso por orden de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El 1 de mayo de 2021 juraron su cargo ante la Asamblea Legislativa que los había nombrado, controlada por Nuevas Ideas, el partido creado por el actual mandatario. La Corte Suprema invalidó así la resolución del 8 de septiembre de 2020, mediante la cual la Sala Penal de esta Corte había dado carpetazo al «caso Ellacuría» al confirmar los sobreseimientos a favor de los autores intelectuales del crimen tras considerar que los delitos habían prescrito. Aquella medida había beneficiado al propio Cristiani y a seis exmilitares, por lo que, en marzo de 2022, un juzgado ordenó la captura del expresidente, aunque un mes antes ya se había fugado del país.

BUKELE SIEMPRE HA DEFENDIDO LA NECESIDAD DE CONSEGUIR JUSTICIA

en este y otros casos que se mantienen en la impunidad. Ha usado la masacre contra los jesuitas para arremeter contra los partidos que gobernaron antes y ahora son oposición en la Asamblea. «De ahora en adelante no se tolerará ningún crimen, por más alto que sea la persona que lo cometa», ha llegado a decir enviando a la comunidad nacional e internacional el mensaje de que El Salvador «está por la justicia». Trata de acallar así las voces que lo acusan de vulnerar los derechos humanos en su guerra contra las pandillas, poniendo como contrapeso el trabajo de la Fiscalía por llevar a prisión a los máximos responsables de la masacre de la UCA.