«A partir del 1 de julio de 2023, en función del número de detenidos el fin de semana, se concederán los siguientes días de compensación», así de clara es la orden de la Jefatura Superior de Policía que llegó a la comisaría de Irun. Los premios en modo de libranzas son los siguientes: «Cero detenidos: dos días de compensación; un detenido: tres días de compensación; dos detenidos (inclusive) en adelante: cuatro días de compensación; diez detenidos (inclusive) en adelante: cinco días de compensación».

La orden se dirigió a los agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la comisaría de Irun que arrestan a personas migrantes. Posteriormente, fue anulada tras la denuncia del sindicato Jupol, el más cercano a Vox y mayoritario en Gipuzkoa, después de que la denunciara a través de sus redes sociales, según avanzó «El Diario Vasco».

El delegado del Gobierno español en la CAV, Denis Itxaso, confirmó que la orden existió, que posteriormente la Jefatura Superior la anuló y que se ha abierto un expediente disciplinario a su autor, el jefe de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Irun.

Itxaso calificó la orden dictada de «error absurdo» que «se ha subsanado a tiempo» y defendió que «no se corresponde con el funcionamiento ordinario» de este cuerpo policial. Añadió que el inspector jefe «tomó la decisión por su cuenta», en un momento en el que el comisario de Irun «no estaba», por lo que no tuvo conocimiento de la misma.

«En el siglo XXI el rendimiento de la Policía, su eficacia, no depende del número de detenidos», se justificó a preguntas de los periodistas en Gasteiz. Además, precisó que la orden del responsable de la Brigada de Extranjería no se refería «específicamente» a detenciones de personas migrantes, sino «al conjunto de la población».

Sobre si se va a apartar del cargo al mando, Itxaso afirmó que cuando se abre un expediente se activa un proceso en el que hay que dar audiencia al afectado, para que «pueda alegar sus razones».

El sindicato policial añade que «la prestación del servicio en la modalidad de incidencias está debidamente regulada» y que «parece que en Irun o no se han actualizado o se está ‘empujando’ para aumentar el número de detenidos por Extranjería desde la Jefatura de la Brigada».

De acuerdo con Jupol, la de Irun es una comisaría «muy pequeña» y una de las que más detenciones de migrantes ejecuta de todo el Estado, casi al nivel de Madrid o Valencia. Se queja de que sufre «mucha presión» por la inmigración al ser zona de tránsito y por las «devoluciones en caliente» de la Policía francesa. En su opinión, la orden ahora anulada es «una forma de presión encubierta para obligarles a detener más».

Según ese sindicato policial, no es la primera vez que la Jefatura de la Policía emite una orden similar; ya lo hizo con motivo de la cumbre de la OTAN de junio de 2022 en Madrid, cuando se intensificaron los controles policiales entre Gipuzkoa y Lapurdi.

Según datos de 2017, un total de 7.467 personas fueron devueltas de un Estado a otro sin procedimiento administrativo ninguno entre los años 2012 y 2016. Ello se traduce en que cada día fueron expulsadas en la muga de Irun -ya sea del Estado español al francés o viceversa- cuatro migrantes.

NUEVE PERSONAS FALLECIDAS

La suspensión de la libre circulación de personas en enero de 2021 que conllevó el cierre de los pasos fronterizos y las restricciones impuestas para impedir el paso de migrantes han derivado en un drama con la muerte de al menos nueve migrantes al intentar cruzar la muga hacia el norte.

A raíz de ello, la demanda de un corredor seguro para los migrantes que, partiendo de la muga de Irun-Hendaia alcanzara hasta el centro Pausa de Baiona y de allí hasta Burdeos fue respaldada por electos de las localidades concernidas, con los alcaldes José Antonio Santano y Kotte Ezenarro a la cabeza. Sin embargo, sus peticiones han caído de momento en saco roto.

El Gobierno de Lakua atendió a un total de 8.115 personas en los diferentes recursos para migrantes en tránsito durante 2021. Por su parte, la Cruz Roja realizó 3.447 atenciones en los primeros seis meses de 2022 en el centro Hilanderas, mientras que la red de voluntarios Irungo Harrera Sarea (IHS) atendió en 2022 a más de 3.700 migrantes.

Irungo Harrera Sarea, que lleva a cabo una labor ingente en la zona desde hace años, recibió «con estupor y gran preocupación» la noticia, que resume como «premiar a policías por cazar migrantes».

«La falta de respeto y el pisoteo a los derechos fundamentales de las personas migrantes, a la legalidad vigente en temas de extranjería y a los derechos laborales de la Policía es inaudito y, como decimos, perturbador», constata.

Frente a ello, recuerda cuestiones que debieran ser básicas: «Las personas migrantes tienen derechos fundamentales. Viajar para mejorar o salvar sus vidas es uno de ellos»; «No tener papeles es una falta administrativa, como tener una multa, no un delito penal»; «Irun se ha formado también gracias a la llegada de personas migrantes, ha sido y es una ruta natural de migración, es el mismo paso que cogieron nuestras familias rumbo a Hendaia para salvar sus vidas de los fascistas en 1936, ¿aquellas vidas valían más por ser blancas?»; y «con esta propuesta se legitima el racismo que puede quedar en las Fuerzas de Seguridad y deslegitima los valores democráticos que en principio las rigen».

RESPONSABILIDADES

IHS se dirige también a la ciudadanía para que «conteste activamente a estas medidas que vacían de contenido las instituciones». Apela a la Jefatura de Policía para que «depure responsabilidades de inmediato y se den todas las dimisiones necesarias». Emplaza a las instituciones policiales en general a «formar debidamente a sus agentes en el respeto a los derechos humanos y la lucha contra el racismo».

SOS Arrazakeria, por su parte, considera que lo ocurrido es «un ejemplo más de racismo institucional» y critica que la denuncia de Jupol «no responde a consideraciones de violaciones de derechos sino a que eso supone aumentar la carga de trabajo y el estrés de los policías».

Asimismo, la organización antirracista recordó que estos agentes efectúan «controles de perfil racial» de forma sistemática en la muga.