Un intento inaceptable de poner cerco a la dignidad

La huelga de Tubacex va a ser largamente recordada en Aiaraldea, y en toda Euskal Herria, por haber sido un ejemplo de lucha obrera sostenida en el tiempo y en duras condiciones, y también de solidaridad vecinal y camaradería, con una comarca que se volcó desde el primer día en una causa que creía justa. El resultado, además, puso de relieve que pelear por los derechos laborales renta, y dejó en evidencia la falsedad de los argumentos expuestos por la empresa. Fue una victoria inapelable de los trabajadores y trabajadoras, ante la que hay quien ahora quiere cobrarse la revancha. Solo así se entiende la petición de veinte años de cárcel contra siete personas por haber secundado aquellas movilizaciones.

La actuación de la Fiscalía, en términos generales y más allá del ropaje que le quiera poner, atenta contra el derecho que tiene todo trabajador y trabajadora a defender no ya sus derechos laborales, sino su propio puesto de trabajo cuando enfrente no encuentra razones o argumentos, sino puro empecinamiento patronal. Pues fue ese, y no otro, el desencadenante de un conflicto en el que la Ertzaintza se empleó con una violencia arbitraria, aunque no sorprendente, y aplicó con el celo habitual la Ley Mordaza, lo que se ha saldado con miles de euros de multas. Meses más tarde, sus atestados han servido de guion para un relato fiscal donde sobresale la saña frente a la ponderación legal. No es un dato menor, en este sentido, que personas que, siendo ajenas a la plantilla de Tubacex, se solidarizaron con la misma hayan sufrido con mayor rigor el escrutinio del Ministerio Público, pues expone una intención aleccionadora por parte de este.

Y es que al mensaje, pleno de conciencia de clase y solidaridad comunitaria, que lanzaron a la sociedad quienes participaron en la huelga, la Fiscalía, mano a mano con la Ertzaintza, responde con la búsqueda de un castigo ejemplarizante y la amenaza nada sutil a toda persona que ose alzarse ante un atropello. En un contexto de fuerte conflictividad social, la petición fiscal es un aviso a navegantes ante el que no cabe plegar velas, sino mantener firme el timón y seguir la estela de dignidad dejada por la plantilla de Tubacex.