01 JUL. 2023 GAURKOA Desacertado diagnóstico de Eusko Ikaskuntza Patxi ZABALETA Abogado La publicación por Eusko Ikaskuntza de un libro digital sobre el euskara en Navarra, que ha sido financiado por el Gobierno de Navarra, contiene, a mi juicio, un desacierto en la perspectiva de su diagnóstico. No entro aquí en las intenciones de los autores, que supongo buenas, ni en las recomendaciones o consejos que se proponen en dicho libro, que son coherentes con lo que se está reclamando socialmente y con lo que, al cabo de casi 40 años, ha acabado reclamando el Consejo del Euskara de Navarra. En contra de lo indicado en dicho estudio la discrepancia básica sobre el euskara en Navarra no se inició, ni se basa en disputas sobre identidades nacionales, sino en la opresión, persecución y discriminación lingüística. Para empezar, en Navarra no solo hay dos identidades nacionales en liza, sino por lo menos tres; la vasca, la española y la exclusivamente navarra. Habría recordar a este respecto que en una encuesta realizada hace un par de lustros sobre los siguientes tres sentimientos: antes vasco o español, antes navarro o vasco y antes navarro o español, se fundieron los plomos de Cordovilla y de otros varios santuarios con la tercera de las preguntas, pues resultó que la inmensa mayoría de las juventudes de UPN respondían que antes navarros que ninguna otra cosa. No es lógico, ni democrático, ni posible sacar al euskara de ninguna de las disputas sociales, ni políticas, ni ideológicas. Ni de nacionalidades ni de nada. ¡Faltaría más! El euskara, como las demás lenguas, es un instrumento social, además de una de las señas de identidad colectiva de nuestro pueblo; y como tal instrumento que es, puede y debe estar presente en todos debates sociales; sean pecado u bendición; sean bonitos o feos; sean fáciles o difíciles. Ahora que ya se investigan las ciencias cuánticas, médicas y filosóficas también en euskara, no se puede ni se debe excluir al euskara de ninguna disputa. El origen de la problemática del euskara en Navarra y en el resto de Euskal Herria es la opresión y la discriminación lingüística, reflejada en la desigualdad de las lenguas -supuesta y parcialmente oficiales- en cuanto a la libre opción lingüística de ciudadanas y ciudadanos. La imposición de una lengua por encima de la otra mediante constituciones, leyes y sentencias, con efecto en el uso oficial, en la enseñanza, en la cultura y en la vida social, laboral y económica es la causa y origen del problema. Y la solución es la libertad y la igualdad de las lenguas. Ahora bien, ningún opresor reconoce nunca la opresión, sino que siempre trata de justificarla. En primer lugar, lo hace leyes y con las sentencias, que dimanan de esas leyes. Luego además lo hace con estudios, análisis, ensayos, encuestas y argumentos, que tratan de justificar la desigualdad lingüística con las monsergas propias de que no debe ser objeto de debate y que hay que sacar a la lengua de las disputas sociales. En Irlanda del Norte se ha establecido en 2022 la cooficialidad del gaélico. En Gales se acordó en 2021 que el acceso a la función pública debía requerir el conocimiento de las dos lenguas propias. Y mientras tanto aquí, en la EAE, la jurisprudencia -retrógrada, ridícula, injusta, antidemocrática y sobre todo dolorosa- se está equiparando a la casposa jurisprudencia de Navarra de los últimos decenios. Todo esto demuestra otro fracaso más de los estatutos, cuyo arreglo y reparación requiere cambios legales. Ciertamente todas y todos tenemos que hacer autocríticas y cambios, pero siempre con base en no perder de vista cuál es el verdadero origen y la verdadera solución democrática y justa en la problemática de lenguas cooficiales. La dialéctica tiene aspectos ideológicos, sociales, económicos y hasta emblemáticos. No es lógico, por ejemplo, que la Academia Vasca-Euskaltzaindia, que tiene rango legal de Asesoramiento en materia lingüística no tenga una sede, sino solo una «delegación» en este territorio, en incoherencia con su fundación por las cuatro diputaciones vascas. Los tiempos exigen un cambio de nuestro propio argumentario en el que no bastan referencias cuasimíticas, como «vivir en euskara». Es preciso imaginar una sociedad navarra de personas plurilingües, en la cual la opción lingüística sea una posibilidad real. Para ello es imprescindible ganar en primer término y con argumentos democráticos la batalla ideológica y eso constituye un empeño de nivel continental, es decir, europeo. En dicha guerra ideológica la guerra básica tiene que ser la de no asumir y aceptar la argumentación de los opresores. La opresión lingüística viene de lejos. Carlos III de Borbón (no el Noble de Navarra, ni el Orejas de Gran Bretaña y Gibraltar), sino aquel del imperio español que expulsó a los jesuitas y ordenó en su Cédula de Aranjuez de 10-05-1770 «extinguir» todas las lenguas de su imperio que no fuesen el castellano; y eso que él provenía de haber ejercido de rey de Nápoles y Sicilia, el muy cenutrio y cabrón. Obviamente aquel Borbón no había recibido influencias ni del nacionalismo vasco, y ni siquiera del nacionalismo español, pero ya aplicaba el principio de Nebrija de utilizar la lengua para consolidar las conquistas y el imperio. ¡Qué cierto es aquello de que los imperialistas españoles ya ejercían el fascismo antes de que se inventase! La regla fundamental de resistencia a la opresión lingüística es no asumir ni hacer propio el argumentario del opresor y sostener que la imposición básica es el no hacer iguales a las dos lenguas propias y que la única solución democrática es la libre opción lingüística. Los que hemos conocido familiares y allegadas monolingües sabemos de las vergüenzas, humillaciones, degradaciones y oprobios a que fueron sometidos. Así es como el euskara fue erradicado por la fuerza en buena parte de vasconia, y sobre todo, en Navarra. El diagnóstico verdadero no puede dejar de lado la realidad de esa imposición y el futuro nos exige una reconstrucción pacífica y en libertad, pero en la que la cooficialidad sea una realidad para todas y todos los ciudadanos y en la que las lenguas tengan un estatus igual, y no el que se les impone desde leyes y sentencias injustas.