Guatemala parece que ha dado un salto al pasado más siniestro de su historia cuando los militares eran dueños del país en los años 80. Ahora decenas de soldados fuertemente armados acompañados de policías custodian el edificio donde se encuentran almacenadas las cajas con los sufragios depositados en las urnas el pasado 25 de junio. Este lugar es clave para salvaguardar la democracia del país centroamericano que tantas veces cayó en manos de regímenes dictatoriales, dado que ayer se celebró una audiencia de revisión de las actas electorales. Eso a pesar de que la población habló alto y claro al decidir con su voto que querían que Bernardo Arévalo de León, del Movimiento Semilla, se dispute la Presidencia con Sandra Torres en la segunda vuelta del 20 de agosto.

Sin embargo, la sorpresiva irrupción de la izquierda no ha gustado al statu quo que lleva gobernando décadas y que utiliza incluso los púlpitos de las poderosas iglesias evangélicas para solicitar a la gente que no vote por Bernardo Arévalo de León. Los pastores religiosos recurren al discurso del miedo advirtiendo de que el hijo del expresidente de Guatemala Juan José Arévalo (1945-1951) representa el comunismo e implantará en Guatemala la Agenda «globalista» 2030 con la que legalizará el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Su rival, la ex primera dama Sandra Torres, quien pertenece a la Internacional Socialista, ha dado un giro de 180 grados en su discurso respecto a las dos veces anteriores en las que se presentó a las elecciones presidenciales y que acabó perdiendo en la segunda vuelta. Pasó de defender la socialdemocracia a apostar por los postulados más conservadores de «la familia, la vida y la libertad religiosa», oponiéndose así a todo progreso social que represente un avance en derechos en Guatemala, donde ni siquiera las niñas que han sido violadas pueden interrumpir su embarazo.

LO QUE PARECÍA UNA LUCHA IDEOLÓGICA ENTRE LA IZQUIERDA Y LA DERECHA

se ha convertido en una pugna por impedir que Arévalo de León pueda siquiera aspirar a la Presidencia. Para ello, nueve partidos, incluidos la Unidad Nacional de la Esperanza, de Torres, y el oficialista Vamos que quedó en tercer lugar, presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad en el que denuncian que en los comicios hubo una «evidente intención de provocar un fraude». Para tan grave acusación se basan en las «discrepancias existentes entre las certificaciones de actas de las Juntas Receptoras de Votos y los datos publicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE)».

A pesar de que la competencia en este tipo de casos la tiene la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo provisional a estas formaciones políticas y ordenó al TSE suspender los resultados de las elecciones del 25 de junio poniendo de nuevo a cero el contador de los votos y sumiendo al país en una incertidumbre política. Según argumentó, el objetivo es que «todo haya quedado debidamente depurado» para la segunda vuelta del 20 de agosto. El TSE acató la orden judicial y ayer convocó a las juntas electorales a una nueva audiencia de revisión de escrutinios para que los partidos puedan presentar sus impugnaciones. Se trata de poner en duda la victoria de Bernardo Arévalo de León y de un intento burdo para tratar de repetir las elecciones en las que ganó el voto nulo, al representar el 17,39% de los sufragios, frente al 15,8% de Torres y 11,7% del candidato de Semilla.

LA RESPUESTA CIUDADANA NO SE HA HECHO ESPERAR

y en los últimos días cientos de personas publicaron en sus redes sociales los resultados de las actas de la mesa en la que votaron para demostrar que ningún fiscal de partido la impugnó descartando por tanto que hubiera fraude. El propio Arévalo de León intentó en balde que la Corte de Constitucionalidad revoque su orden de suspender los resultados. La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, que desplegaron cientos de observadores el día de los comicios, se han opuesto a la medida al defender la «integridad» de todo el proceso electoral.

El Gobierno se ha alineado con la Corte defendiendo la «soberanía» e invocando el principio de la «no intervención en asuntos internos» en un momento en el que se ha puesto en jaque la democracia en el país centroamericano.