«La autoridad pública debe recordar a los agentes cuál es el marco legal de su actuación que está al servicio de la garantía de las libertades fundamentales y la autoridad judicial debe cumplir su papel de guardián de las libertades individuales». Fue la voz autorizada del presidente de la Comisión Nacional Consultativa de Derechos Humanos (Cncdh), Jean-Marie Burguburu, la que verbalizó esta advertencia que se suma a las distintas alertas lanzadas por el organismo tanto al Gobierno de Emmanuel Macron como al Parlamento francés.

Conviene recordar que ese informe, hecho público en primavera, se refería a «los comportamientos policiales observados a partir del 16 de marzo», cuando estallaron las protestas sociales en respuesta a la aprobacion por decreto de la reforma de las pensiones dieron lugar a arrestos y cargas masivas en clara vulneración de las normas de la Convencion Europea de Derechos Humanos.

La Cncdh, organismo consultivo creado en 1947 por el baionarra René Cassin, Nobel de la Paz, sumaba ese informe a otro, si cabe más explícito, emitido en enero de 2020, en el que alertó sobre «actos de violencia policial ilegítima» en el contexto del Movimiento de los Chalecos Amarillos.

De ahí que Burguburu se lamentara de que «tres años más tarde la Cncdh deba hacer el mismo diagnóstico sobre las preocupantes actuaciones de las fuerzas del orden».

ALEJAMIENTO ENTRE POLICÍA Y CIUDADANÍA

Fue en 2020 cuando la Cncdh elaboró y entregó al Gobierno, con vistas al proceso de debate abierto por el Ministerio de Interior sobre el modelo de seguridad, un diagnóstico destinado a analizar las relaciones entre la Policía y la ciudadanía que ya ponía de manifiesto que «esos excesos contribuyen a debilitar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas». Y añadía que «el aumento de la represión policial no puede ser nunca una respuesta apropiada a los problemas políticos y sociales a los que debe hacer frente el Gobierno».

Ese informe está hoy de actualidad, ya que, a raíz de que la Fiscalía haya calificado de «homicidio voluntario» la muerte del joven Nahel M., ocurrida hace una semana en Nanterre, y de la virulenta revuelta que ha prendido en los barrios populares de muchas ciudades, la reflexión sobre el modelo policial está más que nunca sobre la mesa.

Compuesta de sesenta y cuatro miembros de las organizaciones de derechos humanos existentes en el Estado francés la Comisión Consultativa volvía a expresar su preocupación al respecto en una aportación remitida a principios de este año a Naciones Unidas.

En ese informe se conmina al Ejecutivo de Macron a abordar «una reorientación global de las políticas públicas de seguridad» y se recomienda que «el modelo de cifras» al evaluar la eficacia policial se sustituya por un marco de «calidad y proximidad en el servicio» lo que obligaría a reevaluar las misiones de la Policía.

«La Cncdh aconseja que se aplique una doctrina de intervención fundada en una relación de confianza con la sociedad» se puede leer en esa reflexión en la que se aboga por «encuadrar correctamente las prácticas de controles de identidad».

Para avanzar hacia un modelo que deje atrás la normativa de 2017, que facilita el uso del arma en situaciones como el control de tráfico en que encontró la muerte el adolescente de Nanterre, la Comisión encargada de velar por el correcto cumplimiento por parte del Estado francés de las recomendaciones y acuerdos internacionales en materia de promoción de los derechos humanos, considera urgente «tratar la cuestión de las discriminaciones sistemáticas, particularmente en el seno de la Policía».

Investigan una muerte en Marsella

La Fiscalía francesa está investigando la muerte de un hombre de 27 años, el fin de semana durante los disturbios en Marsella por la muerte de Nahel M. a causa del disparo de un agente, debido al posible impacto de una pelota de goma disparada por la Policía, por lo que se ha requerido la actuación de la Inspección General de la Policía Nacional, encargada de investigar a las fuerzas de seguridad. La Fiscalía considera «probable» que la muerte de ese hombre, que esperaba su segundo hijo, se debiera a un «golpe violento al nivel del tórax causado por el tiro de un proyectil del tipo ‘flash-ball’», como se denomina a los proyectiles de goma de alta potencia usados como material antidisturbios.

El joven fue encontrado en estado grave en una calle del centro. Se desconoce si participaba en la protesta o pasaba por allí.

Mientras, la familia de Nahel M. anunció una querella contra el ultraderechista Jean Messiha, promotor de un fondo económico de apoyo a la familia del agente que lo mató, y que ha recaudado ya 1,609 millones de euros.GARA