La doctrina judicial contra el euskara se consolida

El Tribunal Constitucional (TC) español anuló ayer el artículo 6.2 de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. El artículo en cuestión regula que la documentación municipal pueda redactarse en euskara, siempre que ningún miembro de la corporación alegue desconocimiento de la lengua. Este precepto fue recurrido por Vox y ahora el Alto Tribunal español le da la razón. El TC considera que ese artículo prescribe el uso prioritario del euskara, lo que ocasiona un desequilibrio desproporcionado hacia el uso del castellano. El fallo también contiene un voto particular firmado por dos magistrados que señala que esa doctrina impide que los poderes públicos puedan adoptar medidas de política lingüística tendentes a corregir situaciones de desequilibrio.

De este modo, la resolución sigue la línea abierta por la sentencia del TSJPV que anulaba los requisitos lingüísticos en una oposición a policía municipal en el Ayuntamiento de Irun. Los jueces españoles han decidido interpretar cualquier exigencia relacionada con el conocimiento del euskara en la Administración como una discriminación hacia los castellanoparlantes y, por tanto, contraria al ordenamiento jurídico español, abortando de salida cualquier política de promoción del euskara que permita superar la crítica situación de lengua minorizada. Los tribunales españoles utilizan la cortada de la igualdad para perpetuar una situación de desigualdad, al tiempo que dejan claro a la ciudadanía de Euskal Herria que en el ordenamiento jurídico español ni hay ni habrá igualdad, ni mucho menos normalización, para el euskara. Indirectamente, la sentencia del TC muestra los menguantes límites del actual autogobierno y coloca en primer plano la necesidad de alcanzar una situación de plena soberanía para poder garantizar la supervivencia del euskara.

Un fallo que, además, desprecia de manera ostentosa y arrogante los amplios consensos sociales alcanzados en este país alrededor del euskara. Ayer, la mayoría social y política valoró la sentencia como un golpe muy duro para el futuro del euskara y llamaron a participar en las movilizaciones. Nuevos consensos son también necesarios.