La gestión de la economía de cualquier país de la Unión Europea está cada vez más condicionada por las decisiones de Bruselas. La burocracia comunitaria ha acumulado un inmenso poder, no tanto por la cantidad de recursos que maneja como por el modo en que utiliza los resortes que tiene a su disposición. Usa su poder para imponer a los gobiernos estatales reformas que van mucho más allá de sus competencias. Son, además, cambios que están inspirados por la ideología neoliberal, cada vez más cuestionada, y que en ningún caso han sido discutidos ni consensuados.

La presión de la Comisión y del resto de instituciones europeas es importante, pero no agota los recursos que cada Estado posee y que puede utilizar su gobierno.

EL MARTILLO Y LOS CLAVOS

El Banco Central Europeo controla los resortes de la política monetaria. Está dirigido por un grupo de personas, teóricamente independientes, con un único mandato: mantener bajo control los precios. Ese pretendido carácter técnico solo tiene por objeto coartar el debate político, empobreciendo la democracia. Cualquiera que sea el signo de un gobierno estatal, su influencia sobre esta institución será ínfima.

Con todo, las herramientas de política monetaria que maneja en exclusiva tiene una capacidad de influencia bastante limitada. La actual escalada de precios es un buen ejemplo de ello. El alza de los tipos de interés apenas ha servido para contener la inflación. La causa es el poder de las grandes corporaciones para fijar los precios por encima del mercado; y están batiendo récords de beneficios para que no haya dudas. A pesar del fracaso en contener el alza del coste de la vida, el BCE continúa con las subidas de tipos; se comporta como si le hubieran dado un martillo y solo viera clavos.

Algunos gobiernos han utilizado otros mecanismos, por ejemplo, estableciendo topes a los precios de algunos productos estratégicos, como hizo el gobierno de PSOE-Unidas Podemos, con el apoyo del bloque de la investidura, con el gas. Un límite que ha tenido un efecto directo en el precio de la electricidad y que, por extensión, ha permitido contener la inflación, que en general se mantiene por debajo de la media europea, aliviando las penurias de las familias con menos recursos.

Un gobierno progresista con voluntad política puede maniobrar en los estrechos márgenes que deja Bruselas. Sin embargo, el pasillo es muy estrecho y, en cuanto puede, la Comisión vuelve a la carga. En el último informe semestral que presentó el pasado 24 de mayo, la Comisión Europea instó al Gobierno español a suprimir gradualmente las medidas de apoyo a la energía para finales de 2023 -a excepción del impuesto a las energéticas- y su eliminación total en 2024. De ese modo, el tope al precio del gas deberá decaer. Además, la Comisión «sugirió» a las autoridades españolas que utilicen ese «ahorro» reducir el déficit público. Vuelve la austeridad.

EL LÁTIGO NO CAMBIA

El déficit público es la piedra de toque de toda la política fiscal y presupuestaria de la Unión Europea. Los famosos criterios de convergencia acordados en Maastricht para que un país fuera admitido en la eurozona, posteriormente fueron actualizados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, continúan vigentes y prácticamente sin cambios: la inflación no debe sobrepasar el 2%; el déficit presupuestario debe ser menor al 3% del PIB; y la deuda pública no puede supera el 60% del PIB. En la actualidad ningún país cumple esos criterios, pero eso poco importa.

La pandemia primero, la posterior escalada de los precios y la guerra en Ucrania llevaron a Bruselas a suspender la vigencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ha aprovechado ese paréntesis, no para transformar el paradigma, sino para adoptar un sistema más flexible que el anterior, un látigo más flexible. A partir de ahora, por ejemplo, los objetivos para cada país se definirán a medio plazo, como una senda, de modo que en determinados periodos Bruselas podría permitir sobrepasar esos inamovibles límites.

La propuesta fue presentada el pasado noviembre, pero al parecer no convenció a Alemania. A juicio de sus representantes daba mucho margen para las presiones políticas, con el peligro, razonaban, de que acuerdos poco ortodoxos con países con una deuda muy elevada, por ejemplo, podían llegar incluso a transformarse en una nueva crisis de deuda. Así que la nueva versión del Pacto expuesta en abril incluía varias salvaguardas adicionales. La primera es que los países con déficit superior al 3% deberán reducir su deuda, al menos un 0,5% cada año. Asimismo deberán obligatoriamente disminuir la ratio de deuda a medio plazo. Condiciones muy similares a las actualmente vigentes que resultan imposibles de alcanzar, con lo que básicamente se vuelve el marco anterior.

El resto de cambios estaban pensados para que el Pacto no tuvieran un carácter procíclico tan marcado: en tiempos de crisis, el recorte de gasto público no hace sino profundizar la recesión. Así, por ejemplo, para calcular el déficit se había introducido un nuevo indicador, el gasto primario neto, que excluye medidas discrecionales, fondos europeos, intereses de la deuda y gasto en desempleo, es decir, todas las partidas que en momentos de crisis tienden a aumentar y tienen un efecto anticíclico. Pero todo se ha vuelto a diluir.

Por otra parte, cambiar de forma radical el actual sistema habría supuesto para Bruselas una pérdida de poder inaceptable: los incumplimientos son la excusa perfecta para imponer reformas que llaman estructurales pero que forman parte del programa neoliberal para reducir a la mínima expresión los servicios públicos y las prestaciones sociales. En este apartado, los gobiernos tiene cierto margen, y desde luego hay grandes diferencias entre unos ejecutivos y otros.

Buena muestra de ello es, en lo que corresponde a los ingresos, la ley estatal 38/2022 que establecía dos nuevos gravámenes temporales; uno a las empresas energéticas y otro a entidades y establecimientos financieros de crédito. El Congreso español aprobó asimismo la creación de un impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas. Frente a los recortes exigidos por Bruselas se optó por aumentar la recaudación gravando a aquellos que más están ganando con la actual crisis.

Por el lado del gasto, la reforma de las pensiones aprobada esta pasada legislatura está a años luz de la que aprobó Mariano Rajoy en 2012. Contiene algunas medidas positivas, como la subida de las pensiones mínimas y no contributivas, y un aumento de las cotizaciones -otra vez la apuesta por los ingresos frente a los recortes-, pero siguen añadiendo elementos que a largo plazo reducirán las pensiones, como el aumento del número de años de cálculo.

VUELVEN LAS AYUDAS DE ESTADO

En cuanto a la política industrial, la Unión Europea aprobó el plan Next Generation de 800.000 millones para que la economía se recuperara tras la pandemia. Un paso tímido que rompía con la prohibición de ayudas públicas a las empresas, las famosas ayudas de Estado. Sin embargo, la Ley estadounidense de Reducción de la Inflación o la posterior Ley de Chips y Ciencia que contemplan importantes subsidios a las empresas que realicen determinadas inversiones en Estados Unidos ha terminado por romper con la prohibición de dar ayudas de Estado

Tras comprobar hasta dónde van a llegar sus socios estadounidenses en sus planes de subvencionar la industria nacional, la Comisión a puesto en marcha una serie de planes bajo el paraguas de un nuevo pacto verde (green deal): el plan Fit for 55, para reducir emisiones; el plan RePowerUE, para acelerar el abandono de combustibles fósiles; el plan de Acción de la Economía Circular; y un Plan Industrial Verde. Para hacerse un idea de la dirección de las políticas «verdes», el plan industrial incluirá una ley de industria cero emisiones que identificará los objetivos industriales a los que se aplicará un marco regulatorio simplificado, o lo que es lo mismo, más facilidades y menos control social y medioambiental para los proyectos prioritarios. Un gran avance.

El segundo pilar es el de la financiación de la inversión. La Comisión plantea que junto a la financiación pública se desarrolle en la UE un mercado de capital privado con exenciones por categorías con un objetivo claro: hacer frente a las ayudas «distorsionadoras del mercado» aprobadas por otros competidores. En la práctica, el Estado está asumiendo el riesgo de las inversiones prioritarias que llevará a cabo el capital privado.

Los fondos europeos llegarán para ayudar al capital privado, lo que genera un contexto muy propicio para el fraude. Y también para actuaciones que nada tiene que ver con los objetivos perseguidos, como ha dejando en evidencia, por ejemplo, el proyecto de Canal Roya que pretendía unir dos estaciones de esquí con telecabina destruyendo completamente un valle pirenaico.

El empleo de los fondos europeos será una cuestión clave; no solo su destino, sino también en el seguimiento y fiscalización de los resultados.