En Ermua y en el contexto de un acto en recuerdo a Miguel Ángel Blanco, secuestrado y muerto por ETA hace 26 años, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno español, Alberto Núñez Feijóo, anunció que someterá a consideración del Consejo de Estado un proyecto de Ley que evite que condenados por «terrorismo» vayan en listas electorales.

Cabe suponer que se refería a personas que hayan cumplido ya sus condenas, puesto que las que están en la cárcel o inhabilitados no pueden presentarse a las elecciones y ni siquiera votar.

En todo caso, las palabras de Alberto Núñez Feijóo suponen ya una rebaja sobre lo que el PP lleva en su programa electoral, donde textualmente se dice que «modificaremos la Ley Orgánica del Régimen General Electoral para impedir que quienes hayan sido condenados por terrorismo puedan ser elegibles sin acreditar arrepentimiento, perdón y resarcimiento a las víctimas y colaboración con la Justicia».

ES MUY DISTINTO

Es muy distinto asegurar «modificaremos la ley para impedir» que decir «someteremos a consideración del Consejo de Estado un proyecto de ley». Aunque el resultado, seguramente, va a ser el mismo: la imposibilidad de hacer ese cambio legal.

Como ya recogió este diario el pasado 5 de julio de fuentes jurídicas, «el derecho a presentarse en las elecciones es un derecho fundamental» y «no se le pueden limitar los derechos fundamentales a una persona si no hay una orden judicial». Ni se le puede añadir a ninguna persona una condena, como esta inhabilitación para presentarse a unas elecciones, que no esté recogida en su sentencia.

Y, aunque se cambiara la ley, lo que sería cuestionable ante el Tribunal de Estrasburgo, el resultado no tendría carácter retroactivo.