Aunque el PSOE ha pescado en ese caladero para engrosar listas electorales y Consejos de Ministros -del últimamente lenguaraz y siempre impresentable “superministro” Juan Alberto Belloch a los actuales Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles-, el Poder Judicial español es un estamento muy escorado a la derecha, como todos los que hunden sus raíces en el franquismo. Y desde esa posición, y en un contexto de polarización entre bloques, durante esta pasada legislatura ha echado un pulso al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El conflicto se ha centrado principalmente, aunque no solo, en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la institución más importante de la Justicia espa- ñola -su “Gobierno”-, un órgano de rango constitucional creado, en principio, para garantizar la independencia de los miles de jueces y magistrados del Estado, y entre cuyas funciones está tomar las decisiones más relevantes sobre nombramientos, ascensos y régimen disciplinario.

Con un mandato de cinco años y encabezado por el Presidente del Tribunal Supremo, el CGPJ está formado por otros veinte vocales, doce de los cuales deben pertenecer a la categoría de «Jueces y Magistrados», mientras que ocho serían «abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión».

Según fija la Constitución, estos ocho juristas deben ser elegidos por las Cortes Generales, y después de varias modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial también los otros doce tienen que ser elegidos por mayorías reforzadas -tres quintos- del Congreso y el Senado. Aunque en los últimos años (reforma de 2013) se ha dado mayor relevancia a los jueces y magistrados, así como a asociaciones judiciales, a la hora de proponer candidatos.

CASI CINCO AÑOS FUERA DE PLAZO

Este era el campo de juego cuando en 2018, meses antes de que expirara el mandato vigente del CGPJ, su presidente, Carlos Lesmes, remitió al Congreso una lista de 51 candidatos para que escogiera los vocales del turno de Jueces y Magistrados. Dentro de plazo, en noviembre de ese año PSOE y PP pactaron la renovación del Consejo, que según se difundió incluiría al conservador Manuel Marchena como su presidente.

Todo parecía hecho, hasta que se revelaron una serie de mensajes del líder del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en los que calificaba de «esperanzador» el acuerdo y afirmaba que éste permitiría a su partido controlar «la sala segunda desde detrás y presidir la sala 61 -sala especial para enjuiciar a presidentes o magistrados del Supremo o los procedimientos de ilegalidad de partidos políticos-». A raíz de esas filtraciones, Marchena rechazó ser el candidato a presidir dichos órganos judiciales y el acuerdo recibió, más por formas que por fondo, un rechazo generalizado del estamento judicial, y el plazo expiró sin renovación el 4 de diciembre.

Las elecciones a Cortes de 2019 -hubo dos citas, en abril y en noviembre- sacaron de foco este asunto, pero volvió a cobrar fuerza cuando, investido Pedro Sánchez, quedó claro que el PP no iba a faci- litar que se cumpliera el mandato legal. El partido liderado por Pablo Casado empezó a poner condiciones para desarrollar las negociaciones, como que Unidas Podemos no participara en ellas y, sobre todo, que se cambiara el sistema de elección de los vocales. También abundaron excusas para no sentarse con el Ejecutivo, desde el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos a la reforma del delito de sedición.

De fondo estaba la convicción del PP de que una vez se celebren las próximas elecciones, que espera ganar, estará en mejores condiciones para renovar el CGPJ y mantenerlo en los mismos parámetros ideológicos actuales. Poco ha importado que en octubre de 2022 Lesmes, magistrado muy vinculado a la derecha, presentara su dimisión al frente del CGPJ y del Tribunal Supremo ante lo insostenible de la situación. Para el PP, resistir es ganar.

De este modo, durante prácticamente una década el CGPJ ha estado funcionando con una composición de mayoría conservadora heredada de la última legislatura de Mariano Rajoy, ajena a la realidad parlamentaria posterior a los comicios de 2019 y a los inmediatamente anteriores (2015, 2016). Se han celebrado cuatro elecciones generales desde que el Consejo se renovó por última vez, en diciembre de 2013, y lleva ya casi cinco años con el plazo vencido.

Tampoco es un hecho aislado; el PP ya había bloqueado la renovación del CGPJ entre 1995 y 1996 y entre 2006 y 2008, y eso ha permitido, por ejemplo, que la derecha haya decidido la mayoría de los nombramientos de jueces en el Supremo.

De este modo, la Sala de lo Penal pasó de estar conformada por siete jueces progresistas y seis conservadores en 1995 a doce conservadores frente a cuatro progresistas en 2022. Y esto es algo importante, ya que esa sala examina en última instancia la mayoría de las causas penales del Estado español, y por ella pasan, entre otros, los casos de corrupción. Controlarla es un tesoro para el PP -entre otras muchas razones porque algo sabe de casos de corrupción- y los magistrados de su cuerda están poniendo empeño en que así sea.

De hecho, ante el bloqueo en la renovación del CGPJ, jueces y asociaciones de carácter progresista han planteado en más de una ocasión una dimisión en bloque para obligar a los partidos a lograr un acuerdo, pero la parte conservadora, mayoritaria, se ha negado en redondo, dejando claro que para ellos lo que prima es el control ideológico del estamento judicial. ¿Para qué dimitir ahora y permitir un cambio de mayoría si dentro de poco -calculan- un Gobierno del PP (y Vox) puede conllevar una renovación a su medida?

Tampoco les importó que tras una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2021 se limitaran las capacidades del CGPJ para hacer nombramientos en esa situación de interinidad, provocando, entre otras consecuencias, que el Tribunal Supremo haya tenido hasta un 25% de sus plazas vacantes, con las dificultades técnicas que ello implica, más allá de la erosión de su propio prestigio.

LA RENOVACIÓN DEL CONSTITUCIONAL

Además del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el envite derechista, casi un órdago, ha afectado al Tribunal Constitucional, cuya renovación también estuvo paralizada porque el órgano de gobierno de los jueces era incapaz de nombrar a los sucesores de dos de los cuatro magistrados que habían cumplido mandato el 12 de junio de 2022 (los otros dos le correspondían al Ejecutivo).

El Congreso aprobó el 14 de julio de 2022 una proposición de ley para devolver al Poder Judicial la capacidad de realizar los nombramientos del Tribunal Constitucional a pesar de estar en funciones, incluyendo una enmienda que establecía que la fecha límite para hacer los nombramientos era el 13 de septiembre. Pero ocho de los diez vocales del CGPJ elegidos a propuesta del PP acordaron el día 6 de ese mes bloquear la designación de los magistrados y rechazaron hablar de nombres en el pleno fijado a tal efecto el día 8.

Fue justo en aquellos días cuando Lesmes amenazó con dejar el cargo, algo que llevaría a efecto en octubre. Antes, el 13 de septiembre, el plazo fijado por ley se cumplió sin que los vocales del CGPJ hubieran elegido a los dos magistrados del Tribunal Constitucional, mientras el Gabinete de Sánchez decía que no nombraría a los suyos hasta que lo hiciera el Poder Judicial.

Sin embargo, el bloqueo del Consejo provocó que el Gobierno español acabara eligiendo a sus candidatos. El 29 de noviembre, el Consejo de Ministros designó para el cargo a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Díez ex directora general en el Ministerio de Presidencia.

La decisión aumentó la presión sobre el CGPJ, pero el sector conservador no dio su brazo a torcer, de modo que en diciembre se acometió otra reforma respecto al modo en que se nombran los magistrados del Constitucional. La propuesta fue aprobada con gran margen por el Congreso, pero su tramitación fue objeto de recurso por parte del PP y el TC decidió, por primera vez en su historia, paralizar una ley que estaba siendo tramitada en las Cortes. Una ley que además afectaba al propio tribunal. Hubo quien en aquellas fechas hablaba de «golpe». La tensión era máxima.

Tanto que en su tradicional discurso de Navidad, el rey español Felipe de Borbón alertó de la «erosión» de las instituciones, hizo un llamamiento para que las mismas fueran «fortalecidas» y exhortó a «realizar un ejercicio de responsabilidad y reflexionar de manera constructiva sobre las consecuencias que ignorar estos riesgos puede tener para nuestra unión, nuestra convivencia y nuestras instituciones». Se estaban tocando temas muy sensibles para la configuración del Estado y, sin duda, el intercambio de llamadas y de mensajes aquellas horas tuvo que ser frenético.

Finalmente, el 27 de diciembre, casi cuatro meses después de superarse el plazo legal, el Pleno del CGPJ acordó por unanimidad designar como magistrados del Tribunal Constitucional a César Tolosa y a María Luisa Segoviano. El desbloqueo se produjo por una cesión de los vocales progresistas, quienes aceptaron que los dos nuevos magistrados fueran a propuesta de los vocales conservadores, los mismos que mantenían congelados los nombramientos. Pero el saldo, incluyendo a los dos propuestos por el Ejecutivo, fue favorable para el bloque progresista, que se hizo con el control del tribunal de garantías. Una victoria importante, pero menor en comparación con la que supone controlar el CGPJ, que aún aguarda a ser renovado.

La mayoría del estamento judicial español -no solo los magistrados, como puso de manifiesto la reunión que Alberto Nuñez Feijóo mantuvo en mayo con decenas de fiscales- espera con ansia que los suyos sean también mayoría en el Congreso. Si eso ocurre el 23J, entonces sí, todos los poderes del Estado irán a una, como ha sido casi siempre desde 1939. Y si al final no ganan, habrá que ver si pliegan velas o mantienen el pulso; esto sería una demostración de fuerza, pero dejaría a la vista muchas de las costuras del traje que el franquismo se hizo a medida en 1978.

A la cola en el ranking de independencia judicial

El informe del estado de la Justicia en Europa, elaborado por la Comisión Europea, pone de manifiesto que los ciudadanos y ciudadanas del Estado español tienen una muy mala imagen sobre la independencia del sistema judicial. Según datos de este mismo año, el 56% de las personas encuestadas considera que la independencia de los magistrados españoles es «mala» o «bastante mala». En el lado contrario, solo el 34% tiene una buena percepción de la independencia de magistrados y tribunales. Con estos datos, el Estado español, que siempre se halla en los puestos de cola de la UE, se sitúa solo por detrás de Croacia, Polonia, Bulgaria y Eslovaquia, y lejos de la media europea. La interferencia del Gobierno y de los partidos es la principal razón que esgrime la ciudadanía para poner en duda la independencia judicial, junto a la presión que se ejerce desde el ámbito económico y el estatus y posición de los propios magistrados.

En el lado contrario se sitúan países que también suelen repetir en posiciones de cabeza, como Finlandia o Dinamarca, con más de un 80% de aprobación ciudadana sobre la independencia de su sistema judicial.I.B.