En medio de una crisis hídrica que ha puesto contra las cuerdas a la mayoría de la población de Uruguay, dos académicos explican por qué el agua con niveles elevados de cloro y sodio que se distribuye desde abril es «no potable» y por qué sus principales fuentes están «en peligro» desde hace años.

«Uruguay es el primer país que pone en su Constitución el agua como un derecho humano», señala a Efe Anahit Aharonian, ingeniera agrónoma integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. Lo recoge desde 2004, cuando un 64,6% aprobó en plebiscito modificar la norma cuando en Bolivia se daba la llamada Guerra del Agua y Uruguay avanzaba planes para su privatización.

Entendiendo el agua como «esencial para la vida», el artículo 47 de la Constitución dispone que «el acceso al agua potable y al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales», y fue clave su exigencia tanto de mantener estos recursos en manos públicas como de que «sean gestionados en forma participativa», indica. Sin embargo, puntualiza que esto «se ha ido violando una y otra vez a través de distintas medidas» como la ley de riego de 2017, que «facilita la privatización».

En 2013 «salió agua con mal gusto y mal olor», lo que motivó que sesionaran comisiones de cuencas. En la del río Santa Lucía, que abastece a la capital y, por ende, al 60% de la población, «desde hace 10 años» los expertos advierten de que «las fuentes de agua están en peligro» por vertidos industriales y agrotóxicos no controlados.

Aharonian dice que las insuficientes medidas aprobadas «no se cumplieron», pero valora que, ante la crisis hídrica declarada el 19 de junio, la gente ha abierto los ojos frente un problema «de larga data».

NI POTABLE NI SEGURA

En un contexto en que pulula la duda sobre si el agua es o no potable en Montevideo, el ingeniero civil Danilo Ríos, ex gerente general de la distribuidora de agua estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE), tiene clara la respuesta. El agua potable, recalca, es definida por decreto como «el agua apta para consumo humano que no represente riesgos para la salud durante toda la vida del consumidor o que no le genere rechazo» y, además, la OMS determina el agua «segura» en tanto no cause riesgos de salud «a corto ni largo plazo».

«Ahora el agua es no potable y no es segura porque no cumple con la norma de potabilidad y, además, tiene concentración de trihalometanos, que constituyen un contaminante de efecto crónico, por encima de la norma», remarca. Aclara que estos «no se encuentran en las aguas naturales», pues se crean al desinfectar el agua con cloro.

La OSE ya controlaba sus niveles, pero explica que aumentaron al mezclar agua salada y dulce implementada a raíz de la sequía «porque el agua del río de la Plata tiene bromuros que potencian la formación de trihalometanos». Y rebate a la ministra de Salud, Karina Rando, que sostiene que podría impactar en la salud solo si se consumen «por decenas de años».

Con frases como «No es sequía, es saqueo» o «No nos acostumbremos al agua embotellada» presentes en diversas movilizaciones, Aharonian ve positiva la acción de jóvenes y expresa su confianza en que se podrá frenar el Proyecto Neptuno, que promueve la participación de privados para extraer agua del río de la Plata, que, según la experta, es «la cloaca de la región».

«El mal manejo, la indiferencia, la irresponsabilidad tiene varios lustros y esa es la preocupación mayor», lanza quien dice también que la sequía está vinculada a la dañada Amazonía brasileña, «importantísima para la evapo- transpiración continental».