GARA Euskal Herriko egunkaria

Estado de excepción en las cárceles de Ecuador tras otra masacre con 31 muertos y una grave crisis de seguridad

Fuerzas militares en el exterior de la prisión Guayas 1, en Guayaquil. (Marcos PIN | AFP)

La violencia en las cárceles de Ecuador volvió a provocar el martes otra masacre en la Penitenciaría del Litoral, su prisión más grande y poblada, que dejó al menos 31 presos muertos y 14 heridos, a la vez que en trece prisiones los reclusos hacían huelga de hambre y retenían a 137 guardias en seis de ellas.

El enfrentamiento entre dos de las bandas rivales que se disputan el control interno de las cárceles ecuatorianas comenzó la noche del sábado en la Penitenciaría, situada en Guayaquil, y se prolongó durante tres días con disparos y explosiones hasta que el martes un contingente de unos 2.700 policías militares ingresó a la prisión.

La Policía y las Fuerzas Armadas entraron después de que el presidente, Guillermo Lasso, decretase el estado de excepción del sistema penitenciario para detener una situación casi sin precedentes, con incidentes en trece de las 35 cárceles del país. Desde 2020 los enfrentamientos entre bandas han protagonizado varias masacres carcelarias con más de 450 reos muertos. La Penitenciaría, que actualmente alberga a unos 5.600 reclusos, ha sido escenario de algunas de las peores matanzas, caracterizadas por la crueldad hacia las víctimas, que incluyeron linchamientos y decapitaciones.

Como en anteriores ocasiones, los presos contaban con un amplio arsenal de armas, incluidas quince pistolas, once fusiles de largo alcance, dos revólveres, dos subametralladoras mini uzi y un lanzagranadas, además munición, cinco chalecos antibalas, dos granadas de gas y un artefacto explosivo artesanal. También se encontraron drogas, herramientas industriales, teléfonos móviles, electrodomésticos y más de 4.400 dólares.

La Fiscalía abrió de oficio dos investigaciones previas, la primera por «asesinato» y la segunda por «terrorismo».

El Comité Permanente de Defensa por los Derechos Humanos, que da apoyo a los familiares de las víctimas de las masacres para reclamar justicia y reparación, aseguró que este episodio ha demostrado la plena incapacidad para responder a estas situaciones del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).

Según la Presidencia, hasta ayer habían sido liberados 120 de los 137 agentes retenidos.

Este episodio ocurrió a tres semanas de que se celebren las elecciones extraordinarias, marcadas por una grave crisis de inseguridad ante el auge de la delincuencia y del crimen organizado.