La Ley catalana bajó los precios de alquileres y la oferta no se redujo

La reducción de los precios de los arriendos fue especialmente intensa en varios municipios de Barcelona durante los meses de aplicación de la Ley catalana de control de alquileres de 2020. En los municipios donde se puso en marcha la norma, se firmaron cada seis meses 8,4 contratos por cada 1.000 habitantes

Esa reducción fue particularmente intensa en los primeros meses de la aplicación de la normativa, según un informe elaborado por el Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB).

Los resultados del estudio «Impacto de la Ley 11/2020 en el mercado de alquiler en la demarcación de Barcelona. Informe final», realizado con el apoyo del Institut Català del Sòl (Incasòl), revelan que durante el primer mes de vigencia de la Ley 11/2020, del 18 de setiembre, el precio medio de los alquileres ya experimentó un descenso notable en la ciudad de Barcelona (-7,7%) y en el resto de municipios donde se aplicó (-7,0%). En el mismo periodo, en cambio, los precios crecieron de forma clara (+4,1%) en los municipios que no estaban sujetos a la regulación.

Estas son algunas de las conclusiones de un informe que ha analizado la situación en el conjunto de la demarcación de Barcelona desde el mes de septiembre de 2019 (un año antes de la entrada en vigor de la ley) hasta enero de 2023.

A pesar del corto periodo de vigencia de la ley, todo indica que habría ayudado a moderar los precios en los municipios donde se implementó. Si bien transcurridos los primeros meses la norma perdió efectividad, el estudio del O-HB constata que durante los semestres de vigencia, el precio medio en Barcelona y en el grupo de municipios donde se aplicó siguió situándose en valores inferiores a los del momento de aplicación, tanto en términos mensuales como semestrales.

CONTRATOS EN AUMENTO

A nivel global, se ha puesto de manifiesto que en todo el periodo de vigencia de la ley no se produjo ninguna reducción de contratos de alquiler firmados. Y su evolución, en términos relativos, fue prácticamente la misma tanto en los municipios donde se aplicó la norma (grupo experimental) como en los que no se hizo (grupo control).

Así, mientras que en el grupo experimental durante la vigencia de la ley se firmaron semestralmente, de media, 8,4 contratos por cada 1.000 habitantes -lo que representa un aumento del 6,5% respecto al año anterior-, en el grupo control se formalizaron en el mismo periodo 8,1 contratos por cada 1.000 habitantes, un 11,3% más que el año anterior.

Hay que recordar que la nueva ley -que establecía topes máximos en el alquiler con índices de referencia- fue declarada inconstitucional el 8 de abril del 2022, casi un año y medio después de su entrada en vigor.

El Tribunal Constitucional español anuló varios puntos, incluido el mecanismo de control de rentas establecido, con el argumento de que invadía competencias propias del Estado.