Las instituciones deben rendir cuentas

La incineradora de Zubieta ha estado 42 días incinerando residuos sin que el contador diario de Ekondakin mostrara ninguna actividad del pretratamiento obligatorio de estos materiales. En ese periodo el indicador de «pretratamiento» ha estado estancado en las 0,00 toneladas, mientras que el de «valorización energética» (sinónimo de incineración) fue de más de 300 toneladas por día. Sin otra explicación oficial de por medio, esto supone que una parte relevante de los residuos que llegan a la planta no se han separado ni secado antes de ser quemados, lo que provoca que se baje la tasa de reciclaje, se puedan generar fugas tóxicas y la «valorización» sea ineficiente y cara. El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) sigue dar ninguna explicación al respecto.

Precisamente, la incineradora de Zubieta representa algunos de los peores vicios políticos que han adquirido los gobiernos de la coalición entre PSE y PNV. Bautizada por la Diputación como «Complejo Medioambiental de Gipuzkoa», no llamar a las cosas por su nombre es uno de esos vicios. Esconder los verdaderos intereses que defienden unos y otros también es marca de la casa. Llevar las falsedades y las contradicciones al paroxismo es otra de esas taras. Sin ir más lejos, ayer mismo Iñaki Iriondo recordaba en GARA que en 2021 el Tribunal Constitucional español anuló parte de la Ley vasca de Medio Ambiente porque la Diputación de Gipuzkoa pidió que se admitiera la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el TSJPV. Lakua dejó claro durante la tramitación que «no se opone» al planteamiento de esa cuestión de inconstitucionalidad. El objetivo de esa maniobra fue imposibilitar que un recurso de GuraSOS paralizase la planta de Zubieta.

Ese mismo Gobierno, aunque con sus socios divididos, anuncia ahora que acudirá al TC a recurrir la Ley de Vivienda estatal porque cree que «invade competencias». Esta falta de rigor, combinada con un discurso que niega las evidencias y hace bandera de las contradicciones, no es sostenible. PNV y PSE se han acostumbrado a no rendir cuentas, lo que dificulta seriamente el control político que la sociedad tiene derecho a hacer sobre sus representantes.