En la IV cumbre presidencial de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que se celebra en la ciudad brasileña de Belém, los Estados amazónicos se debaten entre la necesidad de proteger un ecosistema que está llegando al punto de no retorno convirtiéndose en una sabana y la premura de alcanzar niveles de desarrollo dignos para sus sociedades.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, señaló que estos objetivos son incompatibles con el capitalismo, que «está poniendo en riesgo a la humanidad y a la naturaleza». «Sus formas de interacción tratan de sacar el mayor provecho de las fuerzas de trabajo explotando a la naturaleza como si esta fuera infinita», afirmó.

En este sentido, denunció el interés de EEUU y Europa de querer intervenir en la Amazonía y exigió el respeto de la soberanía de los países que forman parte del bioma.

A su juicio, EEUU busca el control de la Amazonía por medios militares, con la instalación de bases en la región, mientras Europa «está en la misma posición», pero mediante ONG.

Arce también puso énfasis en impulsar un trabajo coordinado para luchar contra la deforestación mediante acciones que combatan la minería ilegal y la tala ilícita de árboles para el comercio de madera.

A este respecto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso crear un tribunal internacional ambiental para juzgar los crímenes contra la mayor selva tropical del planeta, «reconociendo los derechos» del bioma, que en los últimos años sufrido la expansión de redes de narcotráfico en, así como la deforestación, la minería ilegal y la violencia contra los indígenas.

También planteó una suerte de «OTAN amazónica», una alianza militar para proteger este territorio. «Si el motor de la Amazonía es cada vez más ilegal y representa un crimen contra la humanidad, ¿cómo defendemos la vida? Con razones, pero también con armas», afirmó Petro, retomando una idea del expresidente ecuatoriano Rafael Correa a nivel global, pero acotada a los países amazónicos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. El mandatario colombiano volvió a levantar la bandera contra el uso de las energías fósiles, con críticas veladas a los gobernantes que defienden este tipo de proyectos, incluso en la Amazonía.

DEJAR EL PETRÓLEO Y EL GAS

En su opinión, si la selva produce petróleo, los Gobiernos de la región «estarán matando a la humanidad», y advirtió de que ya no es suficiente con alcanzar la meta de «deforestación cero» para absorber todas las emisiones que son lanzadas a la atmósfera. «La solución están en dejar el petróleo, el carbón y el gas», reiteró.

Gustavo Manrique, canciller de Ecuador, país poseedor de una prolífica industria petrolera en la selva, pidió «reinventarse» y abandonar el modelo de «explotación desmedida». Ecuador ha llegado a Belém en vísperas de celebrar, el próximo 20 de agosto, una histórica consulta nacional para cesar la extracción de petróleo en un yacimiento amazónico. De la Amazonía ecuatoriana salen a diario unos 480.000 barriles de petróleo, que le reportan al Estado ingresos equivalentes a un 8,5% de su PIB.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, por su parte, planteó una alianza «firme y clara» para frenar los delitos ambientales en la selva amazónica, mientras la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que los países amazónicos están obligados a reforzar su soberanía si quieren preservar «el alma ambiental» del planeta. Optimista, el anfitrión de la cita, Lula da Silva, sostuvo que «este encuentro será un punto de inflexión».