Golpes de Estado y movimientos sociales en África Occidental

En el análisis político es fundamental situar los hechos en marcos comprensivos más amplios que nos permitan identificar dinámicas globales que los contextualicen y expliquen, evitando caer en apriorismos y generalizaciones precipitadas. Asimismo, es necesario superar los enfoques estatocéntricos e incorporar el protagonismo de los movimientos y organizaciones sociales en la configuración de los hechos políticos.

En el caso de África Occidental, cuya situación ha saltado a la actualidad internacional recientemente, es oportuno identificar los elementos comunes que dibujan la naturaleza política de la dinámica regional actual, así como la participación de la sociedad civil en los mismos.

Como primera reflexión, la mera constatación de los últimos seis golpes de Estado que se han producido en la región (Mali, en agosto de 2020 y mayo de 2022; Guinea en septiembre de 2021; Burkina Faso en septiembre de 2021; Chad, aunque este de naturaleza sensiblemente diferente al resto, en abril de 2021; y el más reciente de Níger, en julio de este año) muestra que este método de acceso al poder se ha normalizado y aceptado como parte del juego político.

A excepción de Chad, cuyo golpe se inserta en la lógica colonial de anteponer los intereses de la metrópoli a los procesos democráticos locales, estos golpes son un indicador del agotamiento de los modelos políticos e institucionales construidos tras las independencias de los años 60 del siglo pasado. Diseñados a imagen y semejanza del modelo centralista francés, y tutelados desde París desde entonces, han mostrado su incapacidad para dar respuesta a las necesidades básicas de la población y facilitar su participación democrática.

La conflictividad y el fracaso de la institucionalidad no se limita a la región occidental de África. El reciente golpe de Estado en Gabón, la cronificación del conflicto armado en Etiopía, que, tras el acuerdo de paz en Tigray, se ha reactivado en el estado de Amhara con las milicias Fano, o la agudización de la guerra civil en Sudán entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido, sin olvidar la situación en República Centroafricana o en la República Democrática del Congo, son expresiones de una dinámica continental que afecta a las condiciones de vida de millones de personas.

El descontento con este déficit democrático es el que se ha expresado públicamente en las manifestaciones de apoyo popular a las intervenciones militares, que constituyen un segundo elemento vertebrador de esta dinámica regional (excepción hecha del caso chadiano). Si bien estas muestras de adhesión tienen un componente de espontaneidad que refleja el hartazgo hacia el sistema político, no ha sido la presión popular la que ha provocado los cambios de régimen en los diferentes países. Esta lógica reactiva del movimiento social no esconde la riqueza y profundidad de las alternativas democráticas por las que las organizaciones populares están luchando y que integran estas asonadas como parte de un proceso, en el que la presencia de los militares en el poder tiene que ser temporal y desempeñar un papel de progreso, permitiendo la constitución de gobiernos civiles, democráticos y de transformación social.

Una tercera característica de esta dinámica regional la encontramos en el nivel discursivo, en la construcción de un relato común que justifica y proyecta hacia el futuro estas intervenciones militares en el poder político. Así, el antiimperialismo, especialmente dirigido contra la antigua metrópoli francesa, se sitúa en el centro de un entramado ideológico y programático en el que la recuperación de la soberanía nacional articula el proyecto de país. Si bien esta referencia difusa al antiimperialismo es común a todos los gobiernos militares de la región, ha sido el líder de la junta de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré, el único que lo ha estructurado y dotado de contenido político transformador, vinculándolo a lucha contra el neocolonialismo desde una perspectiva panafricanista.

Sin embargo, esta visión antiimperialista, que busca la reconfiguración de la relación con Francia y la UE especialmente, choca con la presencia de vastos intereses de China (más de diez mil empresas en todo el continente), con una gran presencia en los sectores energéticos en países como Mali, Níger o Guinea, y de Rusia, en el sector de la seguridad y de la energía en países como Mali o Burkina Faso. Esta presencia de larga data supone un desafío para los pueblos de África Occidental, cuyas organizaciones sociales exigen superar los marcos de relaciones de dependencia neocolonial y evitar que estos procesos políticos se limiten a la sustitución de unas potencias por otras.

Un cuarto y último elemento a señalar es la amenaza que representa el conflicto armado con la «internacional» yihadista en la franja del Sahel, cuya presión hacia el sur busca una salida al mar en el Golfo de Guinea para proteger sus fuentes de financiación. La falta de resultados de la intervención extranjera (Francia, Naciones Unidas) en materia de lucha contra el terrorismo, ha sido uno de los factores que mayor desgaste y descrédito ha causado en los gobiernos africanos, generando las condiciones óptimas para justificar las intervenciones militares y buscar nuevas alianzas (Rusia) para el combate contra el yihadismo.

No obstante, la integración del componente yihadista en los conflictos previos en esa zona del mundo (como la disputa por recursos hídricos entre pueblos ganaderos nómadas y agricultores sedentarios), así como las dudas sobre la efectividad de las nuevas alianzas en materia de seguridad y militar, dibujan un panorama de difícil resolución.

En este punto, con la amenaza de una intervención militar de la CEDEAO en Níger que desestabilizaría toda la región, el futuro de los países de África Occidental pasa por la más amplia participación del movimiento popular en la dirección y diseño de sistemas políticos democráticos que superen la dependencia neocolonial y el autoritarismo.