La intervención pública en vivienda gana enteros

Hace tiempo que la vivienda se convirtió en objeto de especulación. La aparición de nuevas herramientas en línea, como las plataformas turísticas, no han hecho sino aumentar el flujo de dinero que busca lucrarse con pisos y apartamentos, elevando los precios de venta y los alquileres hasta registros prohibitivos. Una situación que es especialmente grave en las zonas turísticas de Euskal Herria. En este contexto, la intervención pública se ha vuelto imprescindible para frenar la especulación y tratar de mantener los precios bajo control.

Los encuentros de Inxauseta, que se celebran cada año a finales de agosto, dejaron algunas noticias buenas en el ámbito de la intervención pública. Por un lado, el ministro de Vivienda francés, Patrice Vergriete, se comprometió a ampliar de 24 a 35 el número de municipios tensionados. Una decisión que refrenda la política dirigida a acrecentar la oferta de viviendas en alquiler puesta en marcha por la Mancomunidad. Esta calificación permitirá a esas entidades locales incrementar, siquiera parcialmente, los impuestos que pagan los propietarios de las viviendas secundarias y vacías. Un recargo cuyo fin es básicamente movilizar el parque de viviendas ocioso. Por otro lado, los participantes esperan que este apoyo ministerial sirva para que en la Asamblea Nacional francesa se acelere el debate sobre el control a los precios de los alquileres que se aplazó en mayo y que dejó la decisión, que la Mancomunidad aprobó en marzo de este año, sin desarrollo. Hubo, también, otras propuestas de electos y movimientos sociales para intervenir en el mercado de la vivienda. Entre ellas destaca un impuesto a las transacciones inmobiliarias que gravaría la compraventa de vivienda en función del tiempo que haya transcurrido entre la adquisición y la enajenación.

Más allá del alcance de las medidas propuestas, las jornadas pusieron de relieve que la intervención pública es fundamental para frenar la especulación. Y que las decisiones de la Mancomunidad dependan de París para ser operativas refleja el enorme coste que la falta de soberanía tiene para afrontar los retos socioeconómicos del país.