La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) dio cuenta ayer a través de un comunicado del expediente sancionador abierto «por un posible acuerdo» entre las empresas de transporte escolar para no presentarse a las licitaciones convocadas por el Departamento de Educación de Lakua para el curso 2023-2024.

En función de la información recabada, la AVC considera que existen «indicios racionales de una infracción» de la ley por parte de 25 empresas y asociaciones de Araba, 45 en Bizkaia y 6 en Gipuzkoa.

Según detalló, la incoación de este expediente «no prejuzga el resultado final» de la investigación y «los indicios racionales que motivan la incoación y la calificación que se especifica son de carácter provisional». De este modo, se inicia ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.

La pasada semana, cuando Lakua anunció la orden de ejecución forzosa para obligar a las empresas a prestar servicio, también aseguró que se daría cuenta a la Fiscalía al apreciar «indicios de delito». Se afirmó que sería seguramente esta semana cuando se diera parte al Ministerio Público, aunque por el momento no ha trascendido información alguna al respecto.

7.400 AFECTADOS

Horas antes, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, afirmó que son unos 7.400 alumnos y alumnas los afectados en este inicio de curso por el conflicto del transporte escolar.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Bildarratz señaló que en Gipuzkoa «no ha habido problemas», que en Bizkaia se ofreció «algo más del 10%» del servicio y que en Araba se cubrió «en un 50% largo». «En total, teniendo en cuenta los tres territorios, se ha ofrecido la mitad del servicio por término medio. Eso significa que ha afectado a unos 7.400 alumnos y familias», reiteró.

En este sentido, el titular de Educación se dirigió a las familias afectadas por el conflicto para manifestarles que comprende que están atravesando «una situación complicada». Ante ese panorama, adelantó que el Gobierno de Lakua publicará la próxima semana una orden para ofrecer compensaciones económicas a las familias y ayudarlas en los gastos derivados del uso del vehículo particular en este inicio de curso.

Además, instó a las operadoras de transporte escolar a que «estudien y reconsideren» su decisión y «se den cuenta de las consecuencias que tiene su postura» en las familias.

De esta manera, el consejero recordó que se ha ofertado a las empresas la opción de dar el servicio «en las mismas condiciones que el año pasado», que suponían un incremento del 24,1% más el aumento del coste del combustible.

«En Gipuzkoa lo han aceptado todos, y en Araba y Bizkaia la postura ha sido otra. Debemos pedir a esas empresas que reconsideren su posición. La educación es un derecho público básico, y el transporte es fundamental para garantizar ese derecho, es un servicio imprescindible para niños, alumnos y familias», aseguró Bildarratz.

Garraioa berma dadin, grebara deitu dute Etxaurren ikastolan

Aiarako Etxaurren ikastolako guraso elkarteak eskola-garraio gabeziak sortutako arazoak salatzeko, Lakuari irtenbideak exijitzeko eta, zuzendaritzarekin zein Aiara eta Okendoko udal ordezkariekin bildu ostean, datorren asterako adostutako egitasmoen berri emateko, agerraldia egin zuen atzo. Azaldu zutenez, lehen eguna, osteguna, «kaotikoa» izan zen. Ikasleen %98k garraioa erabiltzen du. Atzo, familia bakoitza bere kabuz joan zen ikastetxera, horrek sarrera «konplikatua eta kaotikoa» izatea ekarri zuelarik, ilara luzeak sortuz. Astelehenerako, ikastetxera ez joatera, grebara, deitu dute; pairatzen ari diren egoera salatzeko eta eskola-garraiorako eskubidea ez edukitzeak familiei eragiten diela ikusarazteko.GARA