La Unión Europea aplaza la oficialidad de las lenguas cooficiales

Los estados de la Unión Europea decidieron ayer aplazar la oficialización del euskara, el catalán y el gallego en la Unión Europea hasta que no haya sobre la mesa un dictamen jurídico del Consejo de la UE sobre las consecuencias de la medida y un análisis de su impacto económico y práctico en el funcionamiento del bloque. Una veintena de ministros tomaron la palabra durante la reunión de Asuntos Generales de la Unión Europea celebrada en Bruselas para expresar sus dudas y la presidencia de turno que ejerce el Estado español «tomó nota» de las posiciones de sus socios en la UE, anunciando que el Consejo «retomará el asunto en una reunión futura».

Una vez constatado que los Estados reclaman más detalles sobre el coste de la medida y su impacto para el presupuesto comunitario, así como el estudio jurídico de su impacto para otras lenguas europeas, le corresponde ahora a la presidencia española preparar los siguientes pasos, tanto derivar la discusión técnica a los grupos de trabajo previstos en el seno del Consejo como encargar la opinión de los juristas de la institución. Para salvar las reservas de sus socios en la UE, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ofreció que fuera el propio Gobierno español quien asumiera el coste de traducir e interpretar el euskara, el catalán y el gallego en las mismas condiciones que el resto de lenguas oficiales de la UE, pero ello también planteó dudas jurídicas porque el reglamento europeo establece que debe ser financiado por las arcas comunitarias.

Antes del arranque de la reunión, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se refirió al derecho a expresarse en euskara, catalán y gallego que desde ayer se aplica en el Congreso de los Diputados para instar al resto de estados de la Unión Europea a permitir su reconocimiento como lenguas oficiales del bloque comunitario.

PRIMERO, EL CATALÁN

«No se trata de una propuesta nueva o inédita, hace casi 20 años que España viene solicitándolo», insistió Albares en una declaración sin preguntas, para subrayar después que ya existen «arreglos administrativos» en el seno del Consejo y de la Comisión Europea que permiten la traducción de muchos de sus documentos a las lenguas cooficiales, aunque no hay un régimen equivalente con el Parlamento Europeo. El ministro también explicó que han planteado a sus socios «periodos transitorios» e «iniciar su despliegue primero con el catalán y seguidamente con las otras dos lenguas». Además, añadió que su Gobierno «ha cumplido con su compromiso» de iniciar el debate.

Desde los partidos vascos recibieron con sorpresa esta «priorización» del catalán, calificándola de «decepcionante». El representante de EH Bildu en el Parlamento Europeo, Pernando Barrena, explicó que el Gobierno español ha jugado al «tacticismo» en Bruselas, «cuando es obvio que esta Europa de los estados, viene poniendo excusas técnicas para no enriquecerse con la realidad que aglutina en su seno. Esto evidencia, a su vez, la necesidad de una Europa de los pueblos». Añadió que esperan que el Gobierno español en funciones «no emplee las mismas excusas que Europa para implementar algo que hoy se ha hecho realidad en el Congreso español y que nada tiene que ver con problemas técnicos, sino con la voluntad política de reflejar la realidad sociopolítica».

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, consideró que es «decepcionante» que el Gobierno español haya decidido desplegar antes el uso del catalán que el del euskara y el gallego, y advirtió que eso «no ayuda» para su apoyo al PSOE en la investidura. Esteban subrayó que «es una mala noticia» y que «en Euskadi no se entiende», porque «el uso, la promoción y la protección de una lengua no se debería basar en el número de hablantes, ya que si fuera así con el inglés y el chino probablemente ya sobrarían todos los demás».

Desde Galicia, el diputado del BNG en el Parlamento gallego Luis Bará advirtió que su partido será «beligerante» para defender que se permita el uso del gallego en el Parlamento europeo y que no permitirá «ninguna rebaja del estatus de reconocimiento» de su lengua.