Las fuerzas de Nagorno Karabaj acusaron a Azerbaiyán de violar el alto el fuego declarado la víspera tras la rendición de las fuerzas del enclave de mayoría armenia y mientras ambas partes negociaban los términos de la capitulación.

El Ministerio de Defensa de la autoproclamada república de Artasj señaló que las fuerzas azerbaiyanas atacaron zonas vecinas a la capital, Stepanakert, con diverso tipo de armamento y que también se escucharon disparos en el centro de la ciudad.

También el Ministerio ruso de Defensa constató al menos cinco violaciones del cese el fuego en los distritos de Chucha y Mardakert.

Sin llegar al extremo de denunciar la violación del alto el fuego, el Ministerio de Defensa de Armenia denunció que un grupo de soldados azeríes abrió fuego durante la noche del miércoles contra algunos puestos del Ejército armenio en la localidad de Sotk.

Mientras, la ciudad azerí de Yevlaj acogía la primera reunión de las negociaciones entre representantes de Azerbaiyán y los de Nagorno Karabaj, en la que el jefe de la delegación azerí, Ramin Mamedov, presentó a los karabajíes los planes para la integración del enclave en Azerbaiyán bajo su Constitución y sus leyes.

Aseguró que la reunión tuvo lugar en un ambiente «constructivo» y que «se destacó la importancia de una rápida implementación sobre la suspensión de las medidas antiterroristas», en referencia al desarme de los militares karabajíes y la disolución de la república de Artasj. Las autoridades de la autoproclamada república capitularon el miércoles ante Bakú, tras 24 horas de ofensiva y ante la pasividad de la «misión de paz» de las tropas rusas desplegadas en el territorio.

El ataque se produjo tres años después de la última guerra, en la que Azerbaiyán recuperó un tercio de Nagorno Karabaj, y tras más de nueve meses de bloqueo del enclave habitado por 120.000 armenios, que lo llevaron a una situación límite por falta de alimentos y medicamentos.

Precisamente, los representantes armenios del Karabaj en las conversaciones, David Melkumian y Serguei Martirosian, recordaron este bloqueo y solicitaron ayuda humanitaria, incluyendo combustible y alimentos.

Bakú aseguró que abastecerá rápidamente de combustible los sistemas de calefacción de guarderías y escuelas, y que cubrirá las necesidades de atención médica de urgencia y de los servicios de bomberos.

MIEDO Y HAMBRE

Pero crece el temor a un desplazamiento de la población. Las calles de Stepanakert estaban llenas de personas desplazadas, hambrientas y asustadas. «La gente está desesperada y piden noticias sobre sus familiares», señaló Gegham Stepanyan, responsable para los derechos humanos de Nagorno Karabaj.

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Alyev, aseguró que «la población armenia que vive en Karabaj verá pronto un cambio a mejor» y prometió «construir una vida juntos basada en la paz y el entendimiento mutuo», así como «garantizar sus derechos culturales, educativos, religiosos y electorales a nivel municipal». Pero la población teme una turquización progresiva y Alyev parece descartar cualquier rastro de autonomía. De hecho, tras proclamar que Azerbaiyán ha recuperado su soberanía sobre la región y «después de que Armenia la reconociera, ¿qué estatus puede tener el régimen criminal que toma decisiones allí desde hace 30 años? ¿Qué elecciones puede haber allí?», se preguntó. «El surgimiento de una nueva situación en la región es inevitable», zanjó.

Y lanzó una advertencia hacia cualquier intento de presión exterior, señalando que «el puño de hierro siempre estará preparado». Un aviso que se dirigió sobre todo hacia Armenia, señalando que «hay que garantizar que la otra parte no tiene ideas revanchistas», a la vez que dijo «garantizar que no tenemos su tierra en la mente», ante la sospecha de que Bakú aún pueda reclamar más territorio.

Con todo, agradeció al Gobierno armenio la competencia política que ha mostrado de forma inesperada», por su aceptación de la soberanía azerí sobre Nagorno Karabaj.

Una postura que le ha valido al primer ministro armenio, Nikol Pashinian, las protestas de la oposición y de la calle. Pashinian, a su vez, criticó la pasividad de Rusia, supuesto garante de la seguridad de la población civil en el enclave. «Tenemos nuestra parte de responsabilidad, pero no creo que debamos hacer la vista gorda ante los fracasos que el contingente ruso de mantenimiento de la paz ha tenido en Nagorno Karabaj», señaló. Así, se preguntó por qué no pudieron mediar un acuerdo antes del ataque, cuando el territorio estaba bloqueado por los militares azeríes. La oposición armenia ha anunciado «acciones masiva» de desobediencia y quiere forzar la salida de Pashinian del poder, ante lo que el primer ministro advirtió de que las fuerzas de seguridad «reaccionarán con dureza y rapidez» en caso de que se produzcan protestas. «Se están produciendo detenciones y seguirán produciéndose. Los responsables de disturbios serán llevados ante la Justicia», alertó.

Armenia denuncia que está en marcha una limpieza étnica

Armenia advirtió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que tras la operación militar de Azerbaiyán en Nagorno Karabaj está en marcha una «limpieza étnica». «Los civiles de Nagorno Karabaj están atrapados y no tienen forma de salir, ya que Azerbaiyán continúa bloqueando la única línea de vida que conecta con Armenia», declaró el embajador armenio Andranik Hovhannisyan. «Esta no es una simple situación de conflicto, sino un crimen contra la humanidad que debe ser tratado como tal», añadió. Poco después, la representante de Azerbaiyán, Dilara Abdullayeva, justificó la operación como «medidas antiterroristas».

Por su parte, el primer ministro armenio, Nikol Pashinian, también acusó a las fuerzas de Azerbaiyán de seguir adelante con su limpieza étnica. Dijo que Armenia está dispuesto a recibir a los karabajíes desplazados, pero puntualizó que «no participa en una política de despoblación de Nagorno Karabaj», insistiendo en que los armenios «deben vivir con seguridad y dignidad en su tierra natal». Pashinian señaló que está organizando la acogida de posibles refugiados y que podría recibir a más de 40.000 familias.GARA