23 SET. 2023 GAURKOA La amnistia de papá Iñaki EGAÑA Historiador Karl Mages fue el director de la cadena Saarländischer Rundfunk, convertida con la llegada de Hitler al poder en la radio pública de la Alemania nazi en la red de emisoras del Tercer Reich, bajo la batuta del temible Goebbels, ministro de Propaganda. Con 19 años, Mages ya se había alistado en las Juventudes Hitlerianas. Por su labor, recibió en 1943, plena guerra, la Insignia de Oro del NSDAP. En 1945, con la caída del nazismo, continuó su carrera hasta que, dos años, más tarde, en el proceso de desnazificación de Alemania, fue juzgado. Aún en 1967, debido a su continuada apología del nazismo, fue imputado por «incitación al odio, agitación subversiva e insultos». Imanol Aznar Gómez-Acedo, nació en Bilbao y apenas cumplidos los 20 años, se afilió al partido fascista Falange, soporte civil del tirano Franco. Cambió nombre y segundo apellido y se hizo llamar Manuel Aznar Acedo. Fue director, como Mages, de la radio del régimen dictatorial, Radio Nacional, y adjunto al ministro de Información (calco del de Propaganda de Goebbels en la Alemania nazi), que entonces dirigía Manuel Fraga Iribarne. En 1975, Aznar Acedo recibió la Orden del Mérito Civil, instaurada tiempos atrás por Miguel Primo de Rivera, otro dictador golpista. Al contrario de Mages, tanto Aznar Acedo como su superior, Manuel Fraga, fueron amnistiados de sus fechorías el 15 de octubre de 1977. Más tarde, en plena democracia, en fecha tan tardía como 2013, Aznar Acedo, recibió, a 12 años de su muerte, el Premio de la Academia Española de Radio y un año después, la misma academia principió un galardón, vigente aún, con su mismo nombre. El premio de 2014 fue inaugurado durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy, valido de José María Aznar López, antecesor como presidente del Gobierno español. Aznar López, autor intelectual de la invasión de Irak (655.000 muertos) y presidente de la fundación ultra FAES, era precisamente, hijo de Aznar Acedo, el amnistiado por su pasado fascista. Fraga, el reconvertido de fascista a demócrata y también amnistiado, hijo por cierto de un alcalde nombrado por el dictador Primo de Rivera, ya citado, al margen de otros cargos, fue nombrado presidente honorario del PP, el partido que lideraba Aznar junior. A Fraga le concedieron 32 medallas, cruces y órdenes, entre ellas la de Isabel la Católica, la Santa Sede y la Rubén Darío, que le adjudicó Anastasio Somoza, otro dictador. Fraga y Aznar Acedo no fueron los únicos amnistiados. La de 1977 benefició a 700.000 funcionarios públicos (militares, policías, guardias civiles, cargos públicos…), miles de los cuales habían defendido con especial virulencia la dictadura fascista hispana. Muchos de ellos, asimismo, habían llegado a sus cargos tras una depuración ingente. A los depurados los plantaron frente a pelotones de ejecución. Los purgados eran cargos políticos, maestros, funcionarios municipales, sindicalistas o jóvenes organizados en asociaciones culturales. Adolfo Suárez, que después de ser gobernador civil fue sucesor en la propaganda radiotelevisada franquista de Aznar Acedo, le correspondió el cargo de presidente español. Siendo gobernante, aprobó la autoamnistía que le afectaba personalmente. En recuerdo a su pasado, el aeropuerto de Madrid lleva su nombre. Su compañero Martín Villa, que también fue gobernador franquista y máximo líder del sindicato único universitario y el laboral, le correspondió la cartera de Interior y más tarde la presidencia del grupo Sogecable (Prisa), supuestamente el sector más progresista en los medios, con su cabecera “El País”. La amnistía que se otorgaron a sí mismos afectó también a soldados rasos, como José Barrionuevo, que de las cloacas franquistas concluyó en las democráticas, siendo ministro del Interior en la creación de los GAL. Condenado en esas circunstancias, fue indultado, tal y como otros de sus compañeros, entre ellos Rafael Vera que procedía de la cantera del sindicato único fascista. Dicen que la Constitución española no permite la amnistía, aunque ya han dado hasta tres fiscales (1984, 1991 -con gobiernos del PSOE- y 2012 -con Gobierno del PP-). Para otros, en cambio, los indultos que son como amnistías camufladas. En los últimos 25 años, 231 cargos condenados por corrupción han sido perdonados (Hormaetxea, Chaves, Griñan…) y 42 por torturas, dentro de, en ese mismo plazo, los otros 10.702 indultados. Cuando las amnistías y los indultos no funcionan, la colaboración judicial completa el circuito de la que llaman razón de Estado. Rodríguez Galindo, salió en libertad por «problemas de salud coronaria» y falleció 17 años después, no precisamente de un infarto al corazón, sino por la covid-19. El supergobernador Julen Elgorriaga, condenado como Galindo por el secuestro y muerte de Josean Lasa y Joxi Zabala, penado a 75 años, salió de prisión en 2001, apenas unos meses tras las rejas, aquejado también de una grave afección coronaria. Ahí sigue, coleando. Por comparación, otros presos vascos fueron excarcelados enfermos para fallecer meses más tarde: Josu Retolaza, Antxon Triotiño, Juanmari Maizkurrena, José Ángel Otxoa de Eribe... Otros como Mikel Zalakain, Pello Mariñelarena, Roberto Sainz, Arkaitz Bellón… no pudieron siquiera respirar el aire de libertad. Murieron en prisión con graves dolencias. Los sorprendente del decreto de 1977 es que, para el relato, del que beben nuevas y viejas generaciones, la amnistía parece que afectó mayoritariamente a los presos vascos. Durante las primeras elecciones tras la muerte de Franco, las del 15 de junio de 1977, había en prisión 21 presos políticos vascos. A los que les afectaría directamente el decreto de amnistía promulgado en octubre de ese mismo año. En mayo habían sido expulsados 17 presos vascos a Viena, Oslo, Copenhague y Bruselas, atendiendo a una ley de indulto de 1870. Una minucia con respecto a los 700.000 amnistiados franquistas, algunos de ellos de alto rango. En realidad, la amnistía a los vascos fue la del chocolate del loro. Fraga y Aznar Acedo no fueron los únicos amnistiados. La de 1977 benefició a 700.000 funcionarios públicos (militares, policías, guardias civiles, cargos públicos…) a 700.000 funcionarios públicos (militares, policías, guardias civiles, cargos públicos…)