Un hombre de mediana edad entra en la sala de una institución. Su traje y sus gestos indican que es un hombre de éxito. Conoce a todos los presentes, o al menos todos le conocen a él. Es el hombre más rico y poderoso de la reunión. Además de dinero y talento, tiene estirpe, clase y contactos. Se sienta de un lado de la mesa, junto a los políticos, viejos conocidos, y algún técnico. Enfrente están representantes de un sector cualquiera. Digamos que es del transporte escolar, pero podrían ser residencias de personas mayores, suministros de Sanidad, limpieza de infraestructuras o asistencia tecnológica, entre otras muchas áreas subcontratadas.

El modelo de colaboración público-privada ha llevado a que las administraciones vascas no puedan dar esos servicios si no es a través de esas empresas. Estas lo saben y, algunas, conciertan y se reparten el pastel. No tienen competencia, ni libre ni no libre.

Hace pocas semanas el mismísimo Gobierno de Lakua denunciaba esto, precisamente en el caso del transporte escolar. El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, decía en una rueda de prensa de urgencia que tenían «indicios» de que parte del sector estaría operando a modo de cártel para inflar el precio de las adjudicaciones. Bildarratz anunció que había informado a la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) y que llevarían el caso ante la Fiscalía. Hasta donde se sabe, eso no ha sucedido. Una semana después llegaban a un pacto con las empresas a cambio de diálogo, sin contraprestación económica alguna.

Pero, volvamos a la reunión, representativa de encuentros habituales en los edificios de Lakua, en las diputaciones, en ayuntamientos o incluso en sedes de empresas. Este es el paradigma de un modo de funcionar. Sigamos pensando que el tema es el transporte escolar. El hombre mencionado es abogado, un asesor externo cuyo bufete contrata habitualmente el Gobierno para apoyarles en contratos y litigios.

Lo que nadie sabe -algunos sí-, es que ese señor tiene importantes intereses en otra empresa del mismo sector. Es consejero de una empresa que concursa por dar esos mismos servicios a la administración, en el mismo ámbito sobre el que le va a asesorar. En este mismo curso ha logrado adjudicaciones por valor de varios millones de euros. No es imparcial, es parte.

Esto es, según informaba “El Correo”, lo que ha pasado con Joanes Labayen, del bufete Cuatrecasas, el departamento de Educación y las empresas del sector del transporte escolar. Labayen es consejero de Autobuses Urpa, que en Gipuzkoa se llevó rutas valoradas en unos 4 millones de euros. El director de los servicios jurídicos de Educación, Eneko Goenaga, trabajó antes en Cuatrecasas con Labayen.

La pregunta es, ¿en qué momento una persona que se supone que es la élite, como Joanes Labayen, de confianza, no entiende que no es la persona adecuada para ser asesor en este ámbito? ¿Cómo es posible que los cargos del PNV no vean que su amigo no puede cumplir esa función? ¿Dónde se han perdido?

Bildarratz no ve problema alguno en esta forma de actuar, dice que es legal. Pero el lehendakari Iñigo Urkullu pide que se aclare el caso «con la máxima celeridad». Una celeridad que no se ha cumplido con la docena de cargos públicos que pasaron al sector privado sin la comunicación previa obligatoria, que llevan investigando cinco meses. Al bipartito PNV-PSE se le están acumulando los escándalos y no parecen entender que también se le agota el crédito social.

Hoy se celebra el Alderdi Eguna. Sustituido el traje por el jersey anudado, algunos evitarán fotos de familia. Otros, ansiosos, la buscarán. Para sobrellevar el ambiente intrigante y suspicaz, culparán al resto del país de sus miserias. Esa es una estrategia necia que arrastra al país al fango. No quieren entender que o recuperan la decencia o seguirán degenerando.