Londres apuesta por recortar más aún el derecho de asilo en el mundo

La ministra británica de Interior, Suella Braverman, defendió el recorte del derecho de asilo y la modificación de la Convención sobre refugiados de la ONU, advirtiendo de que se está expandiendo el número de personas que pueden solicitarlo. No ve necesario, por ejemplo, concederlo solo por «ser gay o mujer y temer ser discriminado en tu país».

La ministra británica de Interior, Suella Braverman, se muestra partidaria de recortar aún más el derecho de asilo bajo el argumento de adaptar «a la era moderna» la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, piedra angular de la estructura internacional de asilo.

A su juicio, la interpretación de la convención en los tribunales de Justicia ha ido «expandiendo el número de personas que pueden solicitar asilo y rebajando los requisitos para hacerlo y ahora se confiere el derecho a moverse a otro país a, al menos, 780 millones de personas».

«No es lo mismo buscar asilo que buscar mejores perspectivas económicas. No es lo mismo pedir asilo en el primer país seguro que dar vueltas buscando el destino preferido», afirmó Braverman, que criticó, asimismo, las disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Entre otras razones, consideró que ser LGTBI o mujer no es motivo suficiente para solicitar protección en otro país. «Hay muchas partes del mundo en que es extremadamente difícil ser gay o mujer (...), pero no podremos mantener el sistema de asilo si simplemente ser gay o mujer y temer ser discriminado en tu país de origen basta para recibir protección», señaló Braverman en un discurso en el American Enterprise Institute, en Washington, un think tank conservador de EEUU.

Braveman citó una encuesta publicada por el centro Gallup en 2021, que indica que cerca de 900 millones de personas abandonarían de manera permanente su país de origen si pudieran. Añadió que al menos el 45% de la demanda de nuevas viviendas en Inglaterra se debe a los inmigrantes y vinculó, además, la llegada de migrantes a un incremento de la delincuencia, «particularmente, en relación a delitos de drogas, explotación y prostitución». Organizaciones defensoras de los derechos humanos han cuestionado el endurecimiento del discurso y de la política del Gobierno de Rishi Sunak, que está pendiente de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre medidas como recluir en barcos a los recién llegados y agilizar las deportaciones a terceros países como Rwanda.