En la memoria de 2022 presentada al inicio de este año judicial, la Fiscalía General del Estado español incluye en el apartado de «terrorismo» a los grupos de activismo climático joven Rebelión o Extinción y Futuro Vegetal, bajo la denominación de «ecologismo radical». En la misma se detallan las 26 detenciones de activistas ecologistas que tuvieron lugar el año pasado, motivadas por acciones de protesta.

Tras las críticas recibidas, la Fiscalía ha salido al paso al asegurar que, en ningún caso, estos dos colectivos ecologistas reconocidos por su activismo contra la emergencia climática están considerados como grupos terroristas. Esto cuando el día anterior, en su informe anual de 2022, sí los consideraba como grupos terroristas, aunque no hay ninguna causa abierta contra ellos. Amnistía Internacional señaló al respecto en un comunicado «las acciones pacíficas de desobediencia civil son formas legítimas de protesta y no constituyen actos terroristas».

En los últimos meses, estos colectivos han ido adquiriendo cada vez más protagonismo en las protestas climáticas, con acciones directas no violentas, como la de pegarse a algunos de los cuadros del Museo del Prado, y otras de desobediencia civil no violenta para llamar la atención sobre la crisis climática y la extinción de especies.

Rebelión o Extinción es un movimiento mundial cuyo objetivo es influir sobre los gobiernos y las políticas medioambientales globales, mediante la resistencia no violenta y la desobediencia civil, para minimizar la extinción masiva y el calentamiento global. Cuenta con la afinidad de parte de la comunidad científica internacional y nos previenen de: «La vida en la Tierra está en crisis. Nuestro clima está cambiando más rápido de lo que los científicos predijeron y hay mucho en juego: pérdida de biodiversidad y de cosechas, colapso social y ecológico, extinción masiva. Se nos acaba el tiempo y nuestros gobiernos no han actuado. Rebelión o Extinción se formó para actuar frente a esta crisis climática».

Futuro Vegetal en sus principios afirma: «Frente a una sociedad consumista, globalizada e interdependiente, que falla en la gestión de los recursos naturales y busca el beneficio propio pese a las consecuencias de la crisis climática, proponemos cambiar la ética de la abundancia, la forma de producir y consumir, centrándonos en la seguridad alimentaria y la redistribución de tierras. La lucha contra la crisis climática tiene que ser la prioridad número uno».

La pregunta del millón que nos hacemos es por qué la Fiscalía General del Estado español incluye como terroristas a quienes defienden el medio ambiente de manera pacífica y, en cambio, nunca lo ha hecho con los que provocaron los mayores desastres ambientales, que aquí citamos: incendios forestales. Casi dos millones de hectáreas quemadas en España en lo que va de siglo. Alrededor del 90% de los incendios son causados por los humanos; derrumbe del vertedero de Zaldívar. Aún no han devuelto ni un céntimo de los 28,7 millones públicos que ha supuesto la actuación tras la catástrofe; isla de Valdecañas. 15 años de batalla legal para demoler una urbanización de lujo construida en un parque natural; mina de Aznalcóllar. Derrame tóxico de millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y por la empresa Boliden, que no ha pagado absolutamente nada; mar Menor. Ecocidio de miles de peces y animales muertos provocado por años de vertidos de fertilizantes y sustancias tóxicas; ría de Huelva. Miles de peces y animales muertos provocados por años de vertidos de fertilizantes y sustancias tóxicas; Hotel El Algarrobico. 17 años paralizado por orden judicial, construido de forma ilegal dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en Carboneras (Almería); marea negra del Prestige. Se vertieron unas 63.200 toneladas de hidrocarburos que mancharon las costas de Galicia; minería a cielo abierto en Laciana (León), en Lugar de interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA); embalse de Flix (Tarragona). Vertidos químicos 800.000 metros cúbicos de lodos tóxicos a lo largo de más de un siglo; bahía de Porman (Murcia). 60 millones de toneladas de residuos vertidos de 1957 a 1991 y, para terminar, miles de macrogranjas, que contaminan los suelos y acuíferos de nitratos y otras sustancias peligrosas.

Da que pensar que estas empresas, que se saltan sin vergüenza alguna las legislaciones ambientales, no sean consideradas por la Fiscalía como lo que son, «terroristas ambientales» y «destructores de los ecosistemas que sustentan la vida». Además, muchas de ellas, al igual que las que más CO2 emiten a la atmósfera, sean premiadas con ayudas y subvenciones de las instituciones… El mundo al revés.

Como nos advierten más de 11.000 científicos de 153 países en una carta abierta, se deben introducirse cambios dramáticos en la sociedad para evitar «un sufrimiento incalculable debido al cambio climático» y que «2030 es la fecha límite de la humanidad para evitar una catástrofe global». Esta es la línea que la Fiscalía General del Estado español debería impulsa y no criminalizar a quienes la defienden.

Nos solidarizamos con Rebelión o Extinción y Futuro Vegetal y con las acciones no violentas que vienen realizando en defensa del medio ambiente y la vida. También animamos a otros colectivos y a la sociedad civil, a que sigan su ejemplo y manifiesten su rechazo a quienes desde la política, los medios de comunicación y otros entes, se inhiben ante las catástrofes anunciadas.